Ayer, Fitch Ratings mejoró la calificación de riesgo para El Salvador, subiéndola de CCC+ a B-. Esta actualización de la calificación de la deuda emitida por el Estado salvadoreño es un poderoso indicador internacional de la capacidad de pago, pero también de la responsabilidad con la que el presidente Nayib Bukele ha manejado las finanzas y la economía del país.
«La mejora refleja la reducción de las necesidades de financiación y la flexibilización de las restricciones financieras respaldadas por la recuperación del acceso al mercado y el programa recientemente anunciado por el FMI (Fondo Monetario Internacional)», explica Fitch las razones por las cuales decidió actualizar la calificación de riesgo del país.
Precisamente ese acuerdo con el FMI ha enviado un fuerte mensaje a los mercados internacionales sobre la solidez del Estado salvadoreño y la responsabilidad con la que se maneja, además de reflejar los profundos cambios impulsados por el presidente Bukele.
El Salvador se ha convertido en un mejor lugar para vivir, gracias a las exitosas políticas de seguridad del presidente Bukele.
Con el Plan Control Territorial, respaldado por el régimen de excepción, el país llegó a una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024, con el presidente Bukele. Es un logro espectacular, tomando en cuenta que en 2015, durante el segundo gobierno del FMLN (con Salvador Sánchez Cerén, prófugo de la justicia por corrupción), tuvo una tasa de homicidios de 106.3 por cada 100,000 habitantes, más alta incluso que países que formalmente estaban en guerra.
Esa paz y tranquilidad recién conquistada han permitido que El Salvador sea un fenómeno mundial en la atracción de turistas internacionales. Además, más empresas se están estableciendo en el país para usarlo como base de operaciones para toda la región centroamericana, como hizo recientemente Google.
Ahora el gran reto de mejorar la economía se está volviendo realidad, como lo demuestra esta nueva calificación de Fitch. A esto se suma la enorme posibilidad de desarrollo que representa el uso de la riqueza en minerales preciosos y raros que el país tiene y que ahora será posible aprovechar gracias a la aprobación de una nueva ley de minería.
