Cuando una facción pequeña, y además dispersa por carencia de liderazgo, adversa a un Gobierno que cuenta con el respaldo de 90 de cada 100 ciudadanos a quien se enfrenta en realidad es al pueblo constituido en inmensa mayoría.
El punto es aún más relevante si se consideran al menos dos factores significativos y correlacionados que son los que finalmente determinan la dinámica de la situación.
El primero es la consistencia y el aumento continuo de la mencionada aprobación popular al Gobierno, lo cual se expresa de manera irrefutable en cuatro procesos electorales consecutivos, dos municipales y legislativos y dos presidenciales.
Hay que anotar de paso que, por haber pasado de mayoría calificada a mayoría absoluta, es la bancada legislativa del partido en el poder la que elige sin ningún obstáculo posible las jefaturas de toda la institucionalidad, lo cual garantiza la plena gobernabilidad.
El segundo factor es el consecuente y también progresivo desgaste de una vieja clase política ineficiente y corrupta que dirigió el país al servicio exclusivo de la élite económica, y que terminó pactando y cogobernando con las pandillas criminales. Por esa razón el grueso de los líderes históricos de esa vieja clase política está bajo proceso, en la cárcel o en condición de prófugos de la justicia.
Cuando digo que esos dos factores se correlacionan es porque, en esta circunstancia concreta, como es natural en el combate político, cada avance o logro del actual Gobierno se traduce para todo efecto práctico en un retroceso para sus adversarios.
Por otra parte, a lo anteriormente dicho es necesario agregar la reconfiguración de un escenario internacional cada vez menos adverso, que lo fue en niveles extremos, y que ahora está marcado por el fracaso del globalismo defensor de la agenda 2030 y por el resurgimiento vigoroso de los valores soberanistas.
En todo caso, como es evidente, el balance entre costo y beneficio de la operación política nacional e internacional es altamente favorable para el actual Gobierno salvadoreño y, por el contrario, abrumadoramente desfavorable para sus detractores.
Es verdad que el contrapeso político es saludable y necesario en una democracia, pero también es verdad que el tamaño o la relevancia de ese contrapeso solo se pueden determinar en función de la voluntad soberana de la ciudadanía expresada en las urnas.
Lo que aquí ocurre es que, en este caso, debido a un conjunto de circunstancias excepcionales de las que ya hemos hablado, el pueblo salvadoreño ha elegido democráticamente que esta y no otra sea la correlación de fuerzas.
Es esa excepcionalidad, de la que seguiremos hablando en otras columnas, lo que explica y define la actual situación salvadoreña. El hecho mismo de que vivamos bajo un régimen de excepción, porque la criminalidad dejó de ser un problema marginal de seguridad pública y se convirtió en una grave amenaza a la seguridad nacional, es bastante elocuente al respecto.
En resumen, en estas condiciones objetivas, ¿qué sentido puede tener una facción opositora más allá de su muy precaria subsistencia meramente testimonial o decorativa?
La única posibilidad es evidente y ya está en curso sobre todo por la fatalidad ineludible del reloj biológico: la disolución de la ya espectral vieja clase política y la espera de un relevo generacional capaz de diseñar un programa político acorde con los nuevos tiempos.
