El Sindicato de la Industria Textil, que aglutina a trabajadores de la zona industrial de San Marcos, en San Salvador, se manifestó ayer y denunció coacciones por parte de los empresarios en contra de los empleados.
Entre las denuncias que los trabajadores expusieron está que las jefaturas los están obligando a salir a marchar en contra del Gobierno del presidente Nayib Bukele el próximo 17 de octubre, y, en caso de no hacerlo, podrían ser despedidos.
Lo mismo ocurrió, según las denuncias de los sindicalistas, el pasado 15 de septiembre, cuando los obligaron a salir a las calles para participar en las diferentes protestas violentas, con amenazas de ser cesados si no asistían. Los manifestantes expresaron que algunas de las empresas para las cuales laboran pertenecen a Javier Simán, empresario de derecha que en reiteradas ocasiones ha hecho, sin fundamento, ataques verbales en contra de la administración gubernamental actual.
Entre los rubros para los cuales trabajan quienes denuncian la coacción están construcción, textiles, seguridad privada y limpieza. «El 15 de septiembre, con engaños, llevaron a los trabajadores a las protestas. Nunca les dijeron que era para manifestarse en contra del Gobierno», mencionó Carlos Ticas, uno de los sindicalistas.
Añadió que han sido amenazados nuevamente. «Los empleados somos amenazados de ser despedidos si no marchamos en contra del Gobierno, en las maquilas de Javier Simán y otros empresarios», puntualizó. La tercera denuncia que los sindicalistas externaron ayer fue que estas empresas no han hecho efectivo el aumento al salario mínimo.
«El pasado 1.º de agosto se autorizó el aumento y estas empresas no lo están cumpliendo aún», detalló el líder sindical. Diferentes sectores han reaccionado ante las amenazas de los empresarios en contra de los trabajadores. En la Asamblea Legislativa, diputados de diferentes corrientes políticas condenaron que aún existan empresarios que bajo amenazas obligan a sus empleados a desarrollar diferentes acciones. La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, remarcó que estos grupos empresariales son cada vez más reducidos y que usan de manera indiscriminada a la población más necesitada.
«Existen esos empresarios que amenazan a sus empleados con despedirlos si no van a las marchas, los exponen a muchos riesgos, a contagiarse de COVID-19. No les tengan miedo, no están obligados a acatar esas órdenes», expresó la legisladora. De similar opinión es Jorge Castro, quien ahondó y mencionó que era evidente que en las marchas del 15 de septiembre hubo mucha gente que estuvo obligada a asistir. «El Código de Trabajo ya define las causales de despido, y precisamente no asistir a una marcha no es causal para ser removido de su puesto o cargo», explicó Castro.
Ambos legisladores reiteraron que los trabajadores no están obligados a seguir estas órdenes por varias razones; entre ellas, que no es algo permitido por las leyes laborales y por el riesgo que existe ante el coronavirus. Romeo Auerbach, del partido GANA, añadió que «en este tipo de marchas son ancianos los que participan, engañados».