Julia tocó tierra en Centroamérica como huracán categoría 1 y se degradó a tormenta tropical en El Salvador, provocó más de 30 muertos en toda la región, un tercio de los que ocasionó el huracán Ian en Estados Unidos dos semanas antes.
Días después de que Julia se disipó en el océano Pacífico, su influencia continúa ocasionando daños en el país y en las naciones vecinas. La zona oriental del territorio sigue llevándose la peor parte, con lugares todavía inundados y otros en los que el nivel del agua sigue alto debido a las precipitaciones en otras zonas que aumentaron los caudales de los ríos y generaron desbordamientos.
Ante este panorama, la reacción del Gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido priorizar la vida de los ciudadanos. De ese modo, se generaron alertas oportunas, se tomaron medidas de protección, se limpiaron ríos y quebradas y se activaron más de 19,000 personas para que estuvieran listas para atender todas las emergencias durante la tormenta. Hubo cientos de árboles caídos, derrumbes, calles anegadas e inundaciones. Precisamente, en Puerto Parada, Usulután, se registraron las más graves. También se han reportado rescates aéreos, como en Santa Fidelia, en San Miguel, donde la Fuerza Aérea, en coordinación con el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, en helicóptero puso a salvo a una familia que se había negado a desalojar su vivienda.
Hay albergues activos para que nadie exponga su vida en sus hogares inundados. La ayuda para atender a las familias afectadas se ha movilizado y se trabaja de manera ininterrumpida para que todas tengan lo necesario. Además, las brigadas del MOP y del Fovial laboran sin descansar para reactivar la conectividad. Más de 23 puentes han sido reparados luego de presentar algún daño y se han removido 311 derrumbes.
A pesar de este despliegue para recuperar el país de los golpes de Julia, el Gobierno no baja la guardia y continúa la guerra contra las pandillas, deteniendo a criminales que se esconden de la justicia y decomisando armas, municiones, drogas y dinero de las estructuras delincuenciales.
También, hay grandes esfuerzos para evitar que personas inescrupulosas se beneficien económicamente de la situación, por lo cual equipos de la Defensoría del Consumidor detienen y sancionan las alzas especulativas de los precios.
La vida de los ciudadanos es el eje principal del Gobierno y todo el aparato estatal está activado para protegerla.
