La Policía Nacional Civil (PNC) y el resto de las instituciones dedicadas a brindar seguridad a la población detectaron planes para cometer atentados terroristas durante la ceremonia de investidura presidencial de Nayib Bukele, el 1.º de junio pasado.
Producto de las investigaciones, líderes de agrupaciones de excombatientes del FMLN y de veteranos de la Fuerza Armada fueron detenidos por organizar los atentados. Todos los planes fueron desarticulados y se garantizó la paz durante esa jornada y las siguientes.
Sin embargo, en redes sociales, militantes de la izquierda se dedicaron a calificar las detenciones como un acto de «represión» de las «luchas sociales», un delirio más utilizado por organizaciones no gubernamentales, fundaciones y agrupaciones «de oposición» para gestionar fondos internacionales, del mismo modo que actúan los empleados de las empresas de comunicación que vivían de la violencia y las maras y que sacaron del país el área administrativa bajo el pretexto de que se sentían amenazados porque el Ministerio de Hacienda les preguntó quién los financiaba.
En El Salvador no hay persecución ni de opositores ni de periodistas. Eso solo existe en la mente de activistas deseosos de dinero de las fundaciones de George Soros y similares. Los mismos que dicen que no hay libertad de expresión son los que destilan todo lo que desean, ya sea a través de sus redes sociales personales o las de sus negocios. Y nunca se les censuró y, mucho menos, envió a prisión.
Ahora, en cambio, las detenciones ejecutadas por las autoridades tienen que ver con planes para cometer atentados, es decir, hechos violentos en contra de la voluntad del pueblo expresada libremente en las urnas. Sin embargo, para dirigentes de la antigua guerrilla, esto es una muestra de que se está persiguiendo a los «luchadores sociales». De que se trata de personas mayores con achaques y que es injusto proceder de esa forma, y les restan importancia a sus planes para atentar contra lugares públicos bajo el argumento de que «siempre hay morteros en las marchas», aunque entre los detenidos está un famoso explosivista del FMLN o que los artefactos decomisados revelen que tienen una potencia mayor a la de un simple «cohete».
Ayer, el exguerrillero devenido en miembro del consejo editorial de un periódico que funciona como organismo de propaganda de la oposición aseguró que el trato que recibía uno de los detenidos por organizar atentados terroristas había que «tomarlo como declaración de guerra». Es el mismo que durante el Gobierno de Mauricio Funes era intermediario con las pandillas y que, aún hoy, sigue defendiéndolas.
