Esta nueva medida, adoptada por el Consejo de Ministros como parte de un paquete de medidas de prevención de riesgos, pretende «regular de conformidad a la emergencia climática», explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la televisión pública RTVE.
«Si una autoridad de emergencias de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, del Gobierno del Estado, indica que hay riesgo», el «trabajador debe de abstenerse de ir a trabajar», prosiguió Díaz, figura del partido de extrema izquierda Sumar, que gobierna el país con los socialistas.
La ministra no dio más detalles sobre el tipo de alerta que activará este mecanismo.
Varias empresas recibieron críticas tras las inundaciones que arrasaron el este de España el 29 de octubre, por haber pedido a sus empleados que permanecieran en sus puestos de trabajo, o se incorporaran a ellos, pese a la alerta roja emitida por la Agencia Meteorológica Estatal (Aemet).
A su vez, las empresas acusaron a las autoridades de no mantenerles suficientemente informadas y de no enviar las alertas a los teléfonos celulares de los ciudadanos hasta la tarde, varias horas después de que la Aemet hubiera emitido su aviso.
A partir de ahora, en una situación similar, «ningún trabajador debe correr riesgos», añadió Díaz.
Aunque la duración máxima de este nuevo permiso climático no superará los cuatro días, las empresas tendrán la opción, una vez transcurrido este periodo, de recurrir a la jornada reducida, que ya existe en casos de fuerza mayor, según el Gobierno.
Los costes derivados de estos fenómenos podrían duplicarse «de aquí a 2050», dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el consejo de ministros, que decidió también un nuevo paquete de ayudas para los damnificados de las inundaciones de 2.300 millones de euros.
Ante estos acontecimientos, «tenemos que seguir avanzando» en «ese esfuerzo de movilización, de financiación, de inversión para adaptarnos, y para ser más resilientes», añadió Cuerpo.
