A contracorriente de buena parte de Europa con su talante promigración, el gobierno de izquierdas español aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a 500.000 personas, en su mayor parte latinoamericanas.
La medida excepcional permitirá regularizar en torno a «medio millón de personas» que se encuentren en España desde al menos cinco meses, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales, explicó la ministra de Migraciones, Elma Saiz, en la televisión pública.
El plan, aprobado este martes en consejo de ministros, prevé que las tramitaciones se inicien a partir de abril y hasta el 30 de junio, para que estas personas puedan «trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país», detalló la ministra.
«Hoy es un día histórico para nuestro país. Estamos reforzando un modelo migratorio basado en derechos humanos, en integración y compatible con el crecimiento económico y con la cohesión social», afirmó Saiz posteriormente en rueda de prensa.
El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la política de muchos países del bloque, bajo la presión de la extrema derecha.
«Somos un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras», zanjó Pedro Sánchez recientemente.
Según Sánchez, «el 80% del crecimiento» económico de España en los últimos seis años y el 10% de los ingresos de la seguridad social del país se deben a la migración.
El desempleo en España cayó por debajo de la barrera del 10% en el cuarto trimestre de 2025, y una mayoría de los nuevos empleados son extranjeros, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística.
«Nosotros damos papeles»
En noviembre de 2024, Sánchez ya anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300,000 personas por año en el siguiente trienio, y paliar así el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014, según datos oficiales.
España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones de extranjeros.
A 1 de enero de 2025 residían unos 840,000 inmigrantes irregulares, la gran mayoría de América Latina, según el centro de investigación económica y social Funcas.
Para facilitar su aplicación, el Gobierno aprobó el plan mediante un «real decreto», que no precisa de ser sometido a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.
Estas regularizaciones destinadas a apoyar la economía nacional se producen tras un pacto entre el Gobierno y el partido de extrema izquierda, Podemos, anterior socio de los socialistas pero últimamente muy crítico del Ejecutivo.
«El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotros damos papeles», afirmó la eurodiputada de Podemos Irene Montero, haciendo una crítica velada al gobierno estadounidense de Donald Trump.
«La ilegalidad se premia»
Esta regularización se produce también luego de que se estancara en el Parlamento español una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas, y con el apoyo de unas 900 asociaciones, que reclamaba la regularización de todos los inmigrantes irregulares en el país.
La medida fue criticada por la derecha y la extrema derecha.
«En la España socialista, la ilegalidad se premia. La política migratoria de Sánchez es tan disparatada como la ferroviaria», criticó en X Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, derecha), el principal de oposición, al afirmar que el plan busca «desviar la atención» de la tragedia ferroviaria que dejó 45 fallecidos en el sur del país el 18 de enero.
«¡500,000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión», escribió de su lado en X Santiago Abascal, de Vox.
La medida fue aplaudida por sectores que llevan años luchando por la regularización de migrantes, entre ellos la Iglesia católica, que la consideró «un acto de justicia social».
La última regularización masiva en España ocurrió en 2005, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
