El Gobierno colombiano anunció ayer que bloqueará las señales celulares en tres cárceles luego de que el Gabinete de Seguridad del Gobierno del presidente Nayib Bukele denunció una red criminal de estafas telefónicas desde prisiones de ese país que había contactado a ciudadanos salvadoreños.
Las tres prisiones en las que se bloqueará la señal de telefonía móvil son Cómbita, un centro de máxima seguridad ubicado a 158 kilómetros de Bogotá; Valledupar, en el norte del país; y La Dorada, en el centro-occidente.
El Gobierno colombiano asegura que esta medida forma parte de un plan antiextorsiones, pero que se ha implementado a raíz de las denuncias desde El Salvador. «No podemos permitir que el flagelo de la extorsión se naturalice en Colombia ni mucho menos que se expanda a Centroamérica», dijo el ministro de Justicia colom-biano, Andrés Idárraga.
Aunque la ley colombiana prohíbe a los reclusos tener teléfonos celulares —entre otros objetos—, lo cierto es que las redes cri-minales logran meter aparatos de contrabando, los cuales son decomisados en requisas sorpresa efectuadas por las autoridades. El Gobierno del presidente Bukele tomó control total del sistema penitenciario, el cual estaba en manos de las pandillas, una nefasta herencia de las administraciones de ARENA y del FMLN.
Además de implementar orden y disciplina, se instalaron bloqueadores de señal en todas las cárceles para impedir que los pandilleros recluidos pudieran dar órdenes a los mareros que estaban en libertad. Este tema fue crucial para lograr desarticular a las pandillas, además de la depuración del Órgano Judicial, para lograr que los detenidos no fueran liberados por jueces corruptos con base en tecnicismos.
Ahora, Colombia sigue el ejemplo. «No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal… y punto», indicó el ministro Idárraga. El Gabinete de Seguridad advirtió el sábado que las llamadas de los estafadores salen de la prisión colombiana de Cómbita. Llamadas similares se han reportado en otros países centroamericanos y sudamericanos, en donde las víctimas han tenido que entregar dinero para evitar que se cumplan las amenazas de los criminales.
Sin embargo, a diferencia de otras naciones, el Estado sí tiene control de todo el territorio y no hay posibilidad de que operen bandas de secuestradores. La efectividad policial es muy alta y los delitos se resuelven pronto, de modo que no hay secuestradores o carteles de la droga operando en el país.





