Uno de los parámetros más ilustrativos de la inseguridad en la que ARENA y el FMLN hundieron a El Salvador era la cantidad de policías y fuerzas de seguridad pública asesinados por las pandillas.
En un país donde el Estado no era el que imponía su fuerza, sino los criminales, los ciudadanos estaban a merced de la voluntad de delincuentes terroristas. En ese sentido, los representantes de la ley no solo no eran respetados, sino que eran objetivos de atentados y continuos ataques.
En 2015, el año más sangriento de la historia nacional reciente, hubo 67 policías atacados y asesinados. Las pandillas emboscaban y acribillaban a los uniformados. Los buscaban cuando iban a sus casas y hasta atacaban las sedes policiales, con total impunidad.
Un año después de esta masacre de policías, otros 47 agentes perdieron la vida a manos de los criminales. El resto de los años, las cifras de asesinatos oscilaron entre 13 y 39.
La tendencia comenzó a bajar cuando el presidente Nayib Bukele declaró la guerra a las pandillas y aplicó el Plan Control Territorial. Al principio de su primer mandato, el bloqueo legislativo de ARENA-FMLN y sus aliados impidió dotar de recursos legales y equipos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, pero todo cambió cuando el pueblo salvadoreño le dio más diputados al presidente.
La captura de los criminales y de sus colaboradores permitió desarticular a las pandillas y, con esto, se inició una nueva etapa de paz y seguridad. «Los que se asustan cuando ven policías y soldados son los delincuentes o los que patrocinan a los delincuentes o los que hacen negocio de la delincuencia», reflexionó el presidente Bukele.
Y es que no hay razón válida que justifique tanta violencia y muerte, salvo que había sectores que se aprovechaban, ya sea porque eran aliados de los criminales en negocios turbios o vivían de la inseguridad (por las cuotas de empresas de seguridad privada o porque eran panfletos que se financiaban con el dinero de organismos interesados en divulgar las atrocidades de los pandilleros).
En los últimos días hemos visto cómo los hermanos hondureños sufren en estos momentos el flagelo de la violencia, que también se cobró la vida de policías en servicio.
Los atentados contra las fuerzas de seguridad minan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y empoderan a los criminales.
