Irónicamente, en los gobiernos del FMLN, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, que debía colaborar para perseguir el delito, se creó una asociación privada para aprovecharse ilegalmente de los fondos provenientes de las tiendas en las cárceles de El Salvador.
Los directivos de esta empresa eran miembros prominentes y con largas trayectorias en el partido, pero, además, empleados públicos. Altas autoridades del Ministerio de Seguridad conformaban la directiva de la Asociación Yo Cambio (Asocambio), encabezada por el mismísimo ministro Mauricio Ramírez Landaverde y por el entonces director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, su mano derecha.
La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil procedieron a la captura de una estructura de ocho exfuncionarios del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén por su participación en este desfalco.
Los funcionarios utilizaban un público cautivo —también criminales— para obtener ganancias. Bajo esta lógica, nunca tuvieron ningún empacho ético en preguntarse de dónde salía el dinero que recibían las tiendas y mucho menos tuvieron reparos en instalar incluso hasta cabinas telefónicas cuya única limitación era la cantidad de dinero que los reos disponían para hacer uso del servicio.
Es por esta razón que, al ingresar el nuevo Gobierno, este se dio cuenta de que en esas cabinas los reos tenían cuentas con más de $100 por uso del teléfono, a pesar de que, en ese momento, las cárceles eran los lugares donde se planificaban delitos como asesinatos y extorsiones.
Parte del dinero del que se apropiaba la estructura que controlaba las tiendas en las cárceles se utilizaba para pagar sobresueldos, sobornos o incluso financiar parte de la tregua que el gobierno del FMLN pactó con las pandillas para bajar los homicidios o para comprar votos en las elecciones.
La Fiscalía y la PNC han hecho lo propio con esas capturas y ahora la responsabilidad de imponer un castigo a los funcionarios que abusaron de sus cargos pasa al Órgano Judicial.
Las estructuras delictivas se encontraban en diferentes instituciones de Gobierno y, más recientemente, en la Asamblea Legislativa, donde había grupos de activistas en la planilla de las fracciones legislativas, quienes jamás se presentaban a trabajar y solo cobraban por hacer la tarea para su partido o como pago por favores recibidos.
La justicia tiene una enorme labor por delante para procesar a hordas de malos políticos que saquearon las arcas del Estado. Este es un paso necesario para que el país supere esa oscura página de su historia.
