En el caso «Saqueo Público», Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial, procesado por peculado, lavado de dinero y de activos, ha pedido a la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que separen del proceso a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia.
El abogado Raynoldo Rosales, dijo que su defendido les solicitó presentar el escrito ya que uno de los jueces entró a conocer el año pasado de un caso vinculado a «Saqueo Público» y que terminó en condena de dos exfuncionarios del Banco Hipotecario.
Se trata del juicio abreviado que el 16 de diciembre del año 2022 realizó el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador y que terminó en condena de cinco años y ocho meses para el expresidente del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz y Jolman Alexander Ayala, exoficial de cumplimiento de la institución bancaria, por los delitos de lavado de dinero y cómplice necesario de peculado, cometidos durante la administración del expresidente Mauricio Funes, ahora prófugo.
Según la Fiscalía el Banco Hipotecario fue instrumentalizado para lavar $97,456,424.26, a través de 1,651 cheques que fueron cobrados y luego enviados a cuentas particulares provenían de la cuenta del Tesoro Público de Casa Presidencial.
El expresidente del Banco Hipotecario confesó que recibió en concepto de bonificaciones un total de $72,000 y a Jolman Alexander le fue entregado $78, 500.
«Obviamente si el tribunal ya condenó a estas personas por los hechos que están relacionados con este caso, pues ya tiene una opinión preformada sobre que sí constituye tanto peculado como lavado de dinero y eso pone en tela de juicio la imparcialidad del tribunal», sostuvo Rosales.
El Tribunal tenía previsto iniciar la vista pública en contra de 10 imputados vinculados a la red de corrupción que creó Funes.
La Fiscalía General de la República los acusa por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
Un análisis contable que hizo un experto confirma que Funes en su mandato presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.49 con la ayuda de los 10 acusados que enfrentarían hoy el juicio.