En el caso conocido como «Saqueo Público» el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, envió a juicio a 10 vinculados al expresidente de la República Mauricio Funes.
En la resolución de la audiencia preliminar el juez admitió toda la prueba presentada por la Fiscalía General de la República por los delitos de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
Con la decisión judicial los imputados deberán enfrentar vista pública en uno de los seis tribunales de sentencia de la capital donde se definirá su situación jurídica. Son más de de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, las que fueron valoradas por el juez y que serán debatidas en el juicio.
Con respectos a esas pericias financieras contables, tributarias y las que tienen que ver con la Ley Especial de Lavado de Dinero y Activos, la Fiscalía buscará probar que los procesados supuestamente se apropiaron de fondos públicos que fueron asignados a Casa Presidencial bajo al rubro de gastos reservados.
En la audiencia fue presentado un análisis contable que elaboró un experto en el cual se confirma que el prófugo Mauricio Funes en su gestión presidencial utilizó el mecanismo de refuerzos presupuestarios para apropiarse de $351,035,400.49.
La «Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional» reveló que los registros del Ministerio Hacienda, entre el período el 1 de junio de 2009 al 1 de junio de 2014, el presupuesto para la partida de Gastos Reservados que la Asamblea Legislativa aprobó para la Presidencia de la República fue de $80,818,285.
Pero el prófugo Funes, asilado en Nicaragua, creó un complejo plan criminal para que a través de refuerzos presupuestarios se le incrementara los fondos para la partida secreta conocida como «Rubro 54315 Gastos Reservados», aumentándose en un 300% equivalente a $270,217,115.49 y que al final de su mandato se terminó apropiando de $351,035,400.49, con la ayuda de los 10 imputados enviados a juicio.
Según la acusación, todos esos fondos asignados a gastos reservados de la Presidencia de la República fueron trasladados a cuentas creadas a nombre de particulares en el Banco Hipotecario, entre ellos, Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez quienes son señalados de desviar el donero mediante cheques, lo cual constituyó una grave violación a la normativa administrativa que determina la forma de manejo de los fondos públicos.
En esta causa penal fue procesado Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, quien se sometió a un procedimiento abreviado por casos especiales de encubrimiento.
El acusado admitió que elaboró un contrato simulado para que Funes justificara en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia $250,00 y dijera que los había obtenido a través de un préstamo que nunca obtuvo.
