El expresidente Elías Antonio Saca, apeló ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la condena de enriquecimiento ilícito por un monto de $3,892,698.71 que le impuso la Cámara Primera de lo Civil.
Su apoderado legal, Fausto Gutiérrez, ha solicitado al tribunal superior que anule esa resolución porque los magistrados de la cámara hicieron una interpretación errónea de la presunción legal de enriquecimiento ilícito.
«La defensa no se ha hecho sobre la base de que él sea inocente, sino sobre defectos o informalidades de la demanda presentada por la Fiscalía General de la República», sostuvo el abogado.
Según Gutiérrez, la Fiscalía probó que Saca fue funcionario público y probó el aumento patrimonial, pero no probó que ese incremento patrimonial fuera a costa de la hacienda pública, que es uno de los requisitos que señala la presunción legal de enriquecimiento ilícito.
«Es decir que la Fiscalía debió decir en su demanda. El señor Elías Antonio Saca en virtud de su cargo podía manejar o direccionar los fondos públicos y a través de terceras personas los hizo llegar a su patrimonio», explicó el abogado.
En la apelación se menciona que la representación fiscal, única y exclusivamente señaló en su demanda el incremento patrimonial de Elías Antonio Saca, lo cual sí quedó probado, pero ese punto no está totalmente en discusión; igualmente no está en discusión de que el expresidente ya había confesado los hechos.
La defensa destaca que la informalidad de la demanda radica en que el ministerio público en ninguna parte menciona cuáles eran las gestiones de administración que realizó Saca con respecto a la hacienda pública que le permitieron sacar dinero empobreciendo al Estado y enriqueciéndose ilícitamente.
El 5 de enero de 2021, los magistrados de la Cámara dijeron que Saca no les pudo explicar la procedencia del dinero, evidenciando de esa manera un incremento patrimonial no justificado y que debe regresar al Estado los $3.8 millones.
A su esposa, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, también la encontraron responsable de enriquecerse ilícitamente por un monto de $589,608.82, pero el abogado de ella no presentó apelación ante la Sala de lo Civil.
Los esposos Saca, además de ser condenados a reintegrar al Estado $4,482,307.53, quedaron inhabilitados para ejercer un cargo público por un plazo de diez años.
