Este miércoles, 13 familias de la Lotificación Los Girasoles, de San Esteban Catarina, en San Vicente, se convirtieron en el primer grupo de esta localidad en recibir las escrituras que los acreditan como propietarios de las viviendas en las que residen.
El otorgamiento es producto de la resolución de la Mesa de Casos Colectivos y rompe con la inseguridad jurídica en que vivieron estas personas por alrededor de 20 años debido a un incumplimiento de la lotificadora que comercializó el proyecto, explicó la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Con la entrega de estos títulos de propiedad garantizamos el derecho de la propiedad a familias que ya habían pagado la totalidad del lote. Solo en las 13 escrituras se ha recuperado a favor de las familias $151,589», señaló la funcionaria.
Según la explicación de Sol, entre 2005 y 2006 las familias cancelaron el valor total de sus terrenos, pero los trámites para obtener las escrituras de propiedad no fueron efectivos ya que la entidad lotificadora no contaba con los permisos necesarios para emitir los títulos de propiedad.
«Ahora no hay ningún caso que se quede impune. Todos estos malos lotificadores se aprovecharon de tener unión con las instituciones de gobiernos anteriores», apuntó.
La funcionaria detalló, que en la Lotificación Los Girasoles otros 35 casos se encuentran pendientes de recibir sus escrituras, los cuales ya están siendo procesadas por la Mesa de Casos Colectivos.
Asimismo, señaló que esta entidad ha resuelto 20 casos de lotificaciones, beneficiando a 2,200 familias y recuperando a su favor más de $5.4 millones. Mientras tanto, se siguen procesos de investigaciones en casos similares a 526 lotificaciones.
Entretanto, el presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, resaltó la agilidad con la que se logró la resolución a favor de estas familias, quienes iniciaron el trámite hace aproximadamente un año.
«En septiembre (de 2022) inician las diferentes acciones de cara a poder brindar una respuesta a la comunidad. Este Gobierno es de soluciones, que no vive de los problemas y en el cual las instituciones trabajan con un objetivo común: el bienestar de la población», sostuvo.
La Mesa de Casos Colectivos está integrada por el Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Consumidor, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y el Centro Nacional de Registros.