Las pandillas criminales en El Salvador han utilizado diferentes estrategias, tácticas y decisiones sobre sus formas de reclutamiento, de iniciación, de escalar en la estructura, de operaciones desde sus orígenes como las conocemos en la actualidad: Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18, sus dos fracciones, Máquina, Mao Mao, Mirada Loca, entre otras. Una vez los cabecillas y mandos medios se dieron cuenta de las reformas a la conocida como Ley del Menor Infractor, que se convirtió en Ley Penal Juvenil, comenzaron a darse cuenta de que tenían una gran oportunidad de reclutar en sus inicios a los adolescentes.
Esta historia comenzó aproximadamente en 1989, cuando el Gobierno de ese momento permitió el apoyo de un país extranjero para que por medio de su agencia de cooperación internacional se pagara una consultoría a una empresa que, luego de varios meses, presentó un megaproyecto de reforma «integral» al sistema de justicia de El Salvador, donde se establecía una ley marco para la delincuencia juvenil y otras propuestas, entre ellas, un nuevo código penal y procesal penal. Como no existió un estudio creado por salvadoreños, la historia se repitió, copiar y replicar una ley marco o modelo de otro país o de otro continente que no aplica a la realidad salvadoreña.
El 27 de abril de 1994 la Asamblea Legislativa, sin mayor estudio, investigación y análisis, la aprobó y entró en vigor en marzo de 1995. El Estado salvadoreño por supuestos apoyos económicos, proyectos, programas que financiarían organismos internacionales que nunca llegaron y fueron efectivos en las comunidades, sino asistencialistas, permitía que El Salvador aprobara una ley que no era acorde con la realidad de aquel momento; un país que finalizaba un conflicto armado de 12 años y casi dos décadas de problemas y causas estructurales de pobreza y exclusión social. Sería cuestión de tiempo para que los cabecillas dieran la orden de reclutar y de comenzar a utilizar adolescentes en sus operaciones delictivas y criminales, ya que las disposiciones eran hipergarantistas, alejadas del contexto real de nuestra sociedad, sin análisis criminológico y victimológico, sin técnica ni ciencia. Al observar la realidad y lo que ha sucedido en el presente siglo, considero que además de la incapacidad y la negligencia de los tomadores de decisiones de aquel momento puede ser que no fuera solo eso, sino que respondía a un modelo que con la Ley Penal Juvenil, un nuevo código penal y procesal penal que fue aprobado en 1998, se convertirían en el paraíso para los integrantes de las pandillas, adultos o adolescentes.
Qué casualidad, no les parece, que en el Gobierno que asumió en 1999 la política de seguridad y los planes fueron el encarcelamiento masivo de pandilleros sin importar la edad; sería cuestión de horas o días para que regresaran a las comunidades a seguir delinquiendo, a continuar el proyecto criminal de las pandillas de masacrar a la población, sembrar terror y acumular dinero como nunca lo esperaron.
La Ley Penal Juvenil como fue aprobada afectó gravemente a la sociedad salvadoreña, lo que inició con los adolescentes llegó hace unos años a incorporar incluso niños, ya que la ley aplicaba penas mínimas a estos grupos y les brindaba muchas garantías, por lo que los utilizaron en sus propósitos criminales.
En el maxiproceso salvadoreño en los tribunales en la actualidad contra la Mara Salvatrucha MS-13, del cual no hay precedente en el mundo de esta acusación contra al menos 492 cabecillas y mandos, la PNC y FGR han documentado la utilización de al menos 7,900 adolescentes en 11 años. Y durante el régimen de excepción han sido intervenidos 1,194, de los cuales, 1,065 ya fueron condenados por comprobarse en audiencias que pertenecen a la estructura criminal y su participación directa en delitos graves.
Esta historia de utilización de niños y adolescentes para actividades criminales y de apoyo a las pandillas para que una ley no sea efectiva, eficiente, que está alejada de un contexto criminológico en el que las pandillas son organizaciones criminales transnacionales, cuyo único objetivo es maximizar las finanzas criminales de esas estructuras, ha llegado a su fin con las reformas a las leyes respectivas. Estos adolescentes saben distinguir entre el bien y el mal, tienen uso de razón, no son niños, incluso se jactaban en las comunidades de sus delitos y de tener en su mano la vida o la muerte de las personas en las comunidades, cometiendo delitos sexuales contra niñas y adolescentes. Muchos de ellos no solo fueron colaboradores, participaron directamente en homicidios y delitos graves. Pero los adultos, los ranfleros, los cabecillas, los palabreros de las pandillas no quedan impunes, deben ser juzgados por la utilización de los adolescentes en sus actividades criminales, porque sus intereses fueron nefastos.
Los criminales que falta por capturar, oportunistas que se hacen pasar por pandilleros, los que no trabajan ni estudian continuarán con sus intereses de seducir a las y los adolescentes, engañándolos en que si se unen a ellos les espera una vida de lujos, placeres, vicios, mujeres, excesos, pero no les dicen cuál es el fin de estas actividades: el hospital, la muerte o la cárcel en un penal de máxima seguridad. Padres de familia y responsables de niños y adolescentes sean adultos significativos, amen a sus hijos, involúcrense en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo sean familia, demuestren y expresen su amor por ellos. Los delincuentes y los criminales siempre andan al acecho tratando de engañar y de decirles una mentira más: seremos tu familia.
