Las nuevas autoridades de la Asamblea Legislativa han descubierto que durante los últimos cinco años ONG «de fachada» recibieron $150 millones del presupuesto general de la nación, fondos que han sido utilizados para financiar actividades de los partidos políticos. Esto es apenas una pequeña parte de los hallazgos encontrados con un examen bastante superficial, pero que da una idea de lo que se podrá descubrir con las auditorías profundas e independientes que se deben llevar a cabo en este órgano de Estado; asimismo, da muchas más razones para que el estudio se encargue a una empresa auditora externa, sin ningún vínculo con la Corte de Cuentas, una institución que está tomada por los aliados de ARENA y del FMLN, y subordinada al exdiputado Rodolfo Párker.
Durante décadas, la Corte de Cuentas ha sido la tapadera de la corrupción y jamás anunció irregularidades con la asignación de los fondos del Estado a las ONG. Lo que ahora ha salido a la luz es el mecanismo de financiamiento ilegal para los partidos políticos por medio de la asignación de una partida presupuestaria para una ONG, un trámite aprobado por los anteriores diputados. La ONG servía únicamente como un puente de los fondos públicos hacia las arcas de los partidos políticos, lo que se configura en una especie de desfalco de la hacienda pública a gran escala.
Se trata del mismo mecanismo de las «cuotas partidarias» que cobraban a empleados por haberles conseguido un trabajo dentro de la Asamblea Legislativa, una extorsión que muchos debían pagar por el derecho a trabajar. La práctica ha sido utilizada ampliamente por los políticos antiguos y estaba muy extendida en la Asamblea Legislativa, aunque nunca fue denunciada por el temor de los trabajadores a ser despedidos o porque quienes pagaban este tributo ni siquiera se presentaban a laborar, es decir, configuraban lo que ahora conocemos como plazas fantasma.
La misma práctica se ha detectado en las alcaldías disfrazada de «cobro de cuotas partidarias». De este modo, al salario de cada empleado se le descontaba un porcentaje en concepto de «contribución voluntaria» para el mantenimiento del partido, pero que en realidad era un requisito para incorporar a estas personas a la planilla de la institución.
Lo anterior explica en gran medida la gran cantidad de empleados legislativos: una planilla inflada funcionaba para sustraer fondos de manera ilegal, además de cooptar voluntades de los militantes, que se sentían comprometidos con el dirigente que les había «conseguido» la plaza.
Al igual que en las alcaldías, en la Asamblea hay mucho trabajo por delante para desmantelar la corrupción. Es una tarea que debe ir a la par de las transformaciones y de la aprobación de leyes para que este órgano pueda ser devuelto al pueblo y cumpla las funciones para las que fue creado.
