Mientras cuadrillas de obreros dominicanos continúan la construcción de un muro fronterizo para aislarse de Haití, así como Estados Unidos lo hace con México o Israel mantiene uno que lo divide de Palestina, trascendió que el Gobierno de República Dominicana contrató a una empresa para limpiar su imagen en el tema de derechos humanos.
La empresa encargada de la misión de limpiar o de «defender» la imagen no es otra más que la representada por el exdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW) el chileno José Miguel Vivanco, quien firmó un contrato por $1.5 millones.
Según una publicación del diario digital «robertocavada.com», el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana «firmó el pasado mes de diciembre un contrato de ejecución de servicios con la firma de consultoría estadounidense Dentons Global Advisors por más de RD$ 85 millones ($1.5 millones) para la “defensa de la imagen y gestión de riesgo reputacional” en materia de derechos humanos del Gobierno dominicano».
El chileno Vivanco, quien firmó el contrato con el Ministerio de la Presidencia en nombre de la firma de abogados Dentons Global Advisors, es socio de esa empresa asesora desde 2022.
Según la publicación de ese medio dominicano, el acuerdo millonario, cuya duración es de 14 meses, lo firmaron Joel Adrián Santos Echavarría, ministro interino del Ministerio de la Presidencia; y Vivanco Inostroza, en representación del bufete prestador del servicio, bajo el Procedimiento de Excepción de Obra Científica, con el número MINPRE-2023-41.
Según recopiló el medio digital, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido criticado en materia de derechos humanos por sus políticas migratorias con Haití, la actuación de los cuerpos de seguridad involucrados en supuestas ejecuciones extrajudiciales, así como las condiciones de los internos en las cárceles del país.
Esta semana, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos dominicanas solicitaron al Gobierno de Abinader «poner fin a las violaciones de derechos humanos hacia personas haitianas, dominicanas de ascendencia haitiana y personas negras en la implementación de políticas migratorias “de facto” racistas».
Solo en 2023 el Gobierno de República Dominicana deportó a 250,000 ciudadanos de Haití que huían de las pandillas, que hoy controlan al empobrecido país.
DETRACTOR DEL PRESIDENTE BUKELE
Vivanco fue en su cargo como director de Human Rights Watch un detractor de las políticas del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y salud en dos momentos clave: durante la pandemia del coronavirus y cuando se implementó el Plan Control Territorial contra las pandillas, específicamente cuando se aisló en las cárceles a los principales cabecillas. Luego, HRW ha sido un claro opositor de la guerra contra las pandillas durante el régimen de excepción.
«En una sociedad democrática donde rige el Estado de derecho, las decisiones sobre castigos se toman sobre la base de un proceso penal, de una investigación, no sobre la base de informes de inteligencia. Eso es propio de una dictadura», dijo Vivanco a la BBC en mayo de 2020 cuando el Gobierno de Bukele ordenó aislar a los pandilleros en las cárceles para evitar que enviaran órdenes para cometer crímenes.
Al igual que otras ONG que dicen que son defensoras de los derechos humanos, HRW, ni con Vivanco ni con su actual dirección, jamás se pronunció por las víctimas de las pandillas, aunque esas estructuras causaron en El Salvador más de 120,000 homicidios en 30 años. También la BBC en mayo de 2020 le consultó a Vivanco sobre la decisión de Centros Penales de juntar en la misma celda a integrantes de diferentes pandillas y respondió: «Revela una maldad y crueldad por buscar deliberadamente enfrentamientos entre estos grupos, aún a sabiendas de su rivalidad, hacinándolos y obligando a vivir en un espacio es – trecho y sin condiciones básicas».
