El alcalde de Ilopango por el partido ARENA, Adán de Jesús Perdomo, fue acusado esta tarde en el Juzgado de Paz de esa localidad por el delito de peculado (apropiarse de bienes del Estado) y la Fiscalía General de la República ha solicitado que en la audiencia inicial se le decrete instrucción con detención provisional para que sea enviado a un centro penal.
La fiscal del caso al momento de ingresar al tribunal para presentar de forma oficial el inicio del proceso penal, dijo que tienen suficiente prueba para lograr que el funcionario siga en la cárcel y que van a sostener el caso para llegar a la siguiente etapa con la detención de Perdomo.
«Hasta este momento se cuentan con elementos jurídicos y de hecho para poder sustentar la acusación en contra del alcalde y será el juez el que determine cuál va ser el proceder en el presente caso», dijo la representante del Ministerio Público.
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Desde su captura el pasado lunes, la dirigencia del partido ARENA ha guardado rotundo silencio respecto al caso que involucra a uno de sus alcaldes en un delito de corrupción que, según el fiscal general, Raúl Melara «indica que el alcalde se estaba aprovechando de los paquetes dirigidos a paliar la crisis en la que se encuentran varios salvadoreños debido a la pandemia».
La investigación de la Fiscalía comenzó el pasado 29 de octubre, luego que la Policía recibiera una denuncia en la que se alertaba sobre el almacenamiento de bolsas solidarias en la sede del partido ARENA en Ilopango.
Cuando los agentes policiales llegaron a verificar encontraron los cientos de paquetes alimentarios que unas mujeres estaban sacando de las bolsas con logos del Gobierno de El Salvador y se disponían a trasegarlos a bolsas con logos y la foto del alcalde Perdomo quien busca la reelección en el municipio.
Los paquetes alimentarios son proporcionados por el Gobierno para las familias afectadas por la pandemia de COVID-19.
El peculado es un delito grave que el artículo 325 del Código Penal sanciona con prisión de 12 a 15 años y reprocha la conducta de un funcionario o empleado público que se apropia de bienes o fondos, del Estado que por su cargo los ha tenido bajo su custodia.
