El excandidato presidencial de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Norman Quijano, propuso en el marco de la campaña de 2014 la implementación de un régimen de excepción para hacerle frente a la criminalidad en el país. Quijano, ahora procesado judicialmente por negociar con las pandillas beneficios a cambio de votos para ganar el Ejecutivo, aseguraba que de ganar su Gobierno usaría lo facultado por la Constitución para enfrentar al crimen común y organizado en el país.
«Vamos a ampararnos en los poderes que nos concede la Constitución de la República para decretar un estado de excepción que nos permita utilizar todo el poder del Estado en contra de la delincuencia», advertía Quijano junto con el entonces compañero de fórmula, René Portillo Cuadra, tras una actividad proselitista.
Tanto el partido como Portillo Cuadra, jefe de fracción de ARENA en la Asamblea Legislativa, ahora cuestionan esos «poderes que nos confiere la Constitución», los cuales ha usado el presidente Nayib Bukele en el estado de excepción para enfrentar a los grupos que provocaron una ola de asesinatos en 12 de los 14 departamentos del país a finales del mes pasado.
El Ejecutivo aún no define si solicitará a la Asamblea una prórroga del régimen de excepción, que en la víspera de su caducidad tras un mes en vigor ha permitido la captura de más de 15,400 pandilleros a escala nacional. Portillo Cuadra, ocho años después de respaldar un estado de excepción, ahora no comparte la posible extensión por 30 días.
«Antes de revalidar o de extender el régimen de excepción se debe hacer un informe exhaustivo a la nación informando el número de personas detenidas, dónde se han hecho las capturas, los delitos que se les imputan […], es decir, tiene que haber un análisis técnico para llegar a esa conclusión [de prórroga]», exigió el diputado arenero y excandidato a la vicepresidencia de la república.
Los salvadoreños respaldan, casi en su totalidad, las acciones del Gobierno para combatir a las pandillas, según los resultados de un sondeo de la firma CID Gallup. Según ese estudio de opinión, el 91 % de los consultados se encuentra mucho o algo de acuerdo con las estrategias que el jefe de Estado desarrolla para enfrentar a los grupos criminales.
