El 9 y el 10 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) no reportó ningún homicidio a escala nacional, situación que se ha repetido durante la vigencia del régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa y que ha permitido enviar a prisión a más de 27,000 pandilleros.
Han sido estas medidas excepcionales las que les han permitido a las autoridades actuar de manera contundente y detener a criminales que, a pesar de ser reincidentes y de tener amplios expedientes delictivos, eran liberados por los jueces impuestos por ARENA-FMLN, quienes ejecutaban las órdenes surgidas a raíz del pacto con las pandillas.
La búsqueda de delincuentes se ha dado por todo lo largo y ancho del país. Se ha encontrado a pandilleros escondidos en los lugares más inverosímiles e incluso han tratado de abandonar el país de manera ilegal en compartimentos de carga de camiones y cabezales o se han querido ocultar al tratar de borrarse (o de quemar) los tatuajes con los que imponían temor en las comunidades, pero que hoy son su fuente de vergüenza.
La búsqueda ha sido implacable y ha llegado incluso a exclusivas residenciales en Antiguo Cuscatlán, en donde un cabecilla y un grupo de sus secuaces se escondían a plena luz del día, creyendo que eran intocables. Sin embargo, las autoridades están siguiendo todas las pistas para llegar hasta lo más alto de las organizaciones criminales.
El lujo con el que vivían este pandillero y sus asociados contrasta con la miseria en la que hundían a millares de salvadoreños honestos que debían entregarles el fruto de su trabajo para no ser asesinados.
Este golpe al alto mando de las pandillas es posible gracias al sólido compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele con los ciudadanos para garantizar seguridad y tranquilidad, tan ausentes durante la vigencia del pacto de pandillas de ARENA-FMLN, donde los muertos se contaron por miles, muchos más que durante el conflicto armado.
Las pandillas surgieron y se fortalecieron en los gobiernos de ARENA, y con el FMLN se expandieron y enriquecieron, debido a la ominosa tregua impulsada por Mauricio Funes y continuada por Salvador Sánchez Cerén, en cuyas administraciones casi 40,000 ciudadanos fueron asesinados por los delincuentes.
Ahora podemos contar muchos días sin homicidios, lo que permite la recuperación económica y planificar el desarrollo nacional. Estos son algunos de los frutos de la seguridad surgida de un Gobierno sin más compromisos que con su pueblo.