La historia de la geotermia en El Salvador refleja una visión de país que apostó por aprovechar sus propios recursos para garantizar energía limpia y estable. En los años sesenta, CEL, con apoyo de Naciones Unidas, inició la evaluación sistemática de los recursos geotérmicos. Hacia 1970 ya se habían identificado las principales zonas de potencial: Ahuachapán, Berlín, San Vicente y Chinameca, confirmando la existencia de altas temperaturas aptas para la generación eléctrica.
En 1975 se inauguró la planta geotérmica de Ahuachapán, pionera en Centroamérica y octava en el mundo. Para 2001 LaGeo se había consolidado como una empresa rentable, con más de $55 millones en ventas y $11.7 millones en utilidades anuales, ejecutando el 90 % de la ingeniería geotérmica con personal nacional. Esa etapa representó un modelo de autonomía técnica y eficiencia pública.
Sin embargo, a finales de los noventa, en plena época de reformas neoliberales impulsadas por los gobiernos de ARENA, se modificó el rumbo de la geotermia. La reestructuración de CEL en 1999 dio paso a Gesal y en 2002 una licitación internacional dirigida por Deutsche Bank abrió la puerta a la participación de Enel Green Power, bajo el formato de un «acuerdo de asociación estratégica» presentado como la llave para una expansión sin precedentes. La decisión carecía de justificación técnica y financiera y se tomó al margen de la Asamblea Legislativa, que debía haberla aprobado.
En el seno de la junta directiva de CEL las decisiones estratégicas comenzaron a orientarse por criterios políticos y discrecionales que favorecieron a la transnacional italiana Enel, mientras otras figuras del Gobierno de ARENA actuaron también como brazo operativo a su favor dentro de LaGeo. Desde esa estructura se promovió la idea de que la inversión extranjera garantizaba modernización y progreso, realizando un intenso lobby entre empleados y técnicos que desactivó resistencias internas y neutralizó toda oposición al acuerdo que eludió el control legislativo.
Los resultados fueron desastrosos. Las perforaciones en Cuyanausul fracasaron y en Berlín, pese a su comprobado potencial, Enel instaló un generador que poco después de entrar en operación presentó fallas de origen e ineficiencias que comprometieron la confiabilidad del sistema y la seguridad del personal. En lugar de expandir la generación, su participación la estancó y encareció, trasladando los sobrecostos al Estado. Posteriormente, Enel propuso capitalizar $127 millones sin relación directa con nuevos proyectos, fondos destinados únicamente a cubrir gastos operativos y reintegros ya financiados con recursos públicos, sin aportar un solo megavatio adicional de capacidad instalada, contrariamente a lo que se había anunciado públicamente.
Paralelamente, se impulsó una campaña mediática en torno a la seguridad jurídica, mientras el conflicto derivaba en un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de París por el control accionario de LaGeo. Con el tiempo, las etapas finales del proceso coincidieron con la gestión de Nicolás Salume al frente de CEL y con una nueva junta directiva que logró restablecer el control institucional sobre LaGeo y corregir las decisiones que habían comprometido la estabilidad de una empresa rentable del Estado, preservando su valor estratégico y su esquema de tarifas competitivas, un elemento clave para fortalecer la competitividad del sector productivo del país.
Desde sus orígenes, El Salvador demostró que podía desarrollar su potencial geotérmico con talento y recursos propios. Los gobiernos con visión que impulsaron las primeras etapas de la geotermia comprendieron que fortalecer la ingeniería nacional, la capacidad técnica y la gestión pública eficiente era la mejor garantía para sostener proyectos energéticos de largo plazo. Ese enfoque debe mantenerse: el desarrollo del sector geotérmico debe seguir orientado por criterios de interés público y sostenibilidad nacional, evitando modelos que limiten la capacidad del Estado para participar, regular y decidir en el mercado eléctrico nacional.
