Cincuenta familias de la comunidad El Esfuerzo de San Juan Opico, en La Libertad, acudieron esta semana ante la Defensoría del Consumidor (DC) para pedir ayuda para regularizar su situación de vivienda, debido al incumplimiento de contrato en la compraventa de sus lotes.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, recibió a los pobladores y les manifestó que se activará la defensa de sus derechos a través de la Mesa de Casos Colectivos para brindar solución a la denuncia colectiva.
Estas personas se encuentran esperando la escrituración de sus viviendas, desde hace más de 10 años, en los que el desarrollador parcelario Armando Zaldaña no ha cumplido con la inscripción formal de los títulos de propiedad.
«Ustedes cumplieron con la cancelación de sus lotes y ante el incumplimiento del proveedor, vamos a gestionar de forma inmediata la entrega de sus escrituras de propiedad que con mucho esfuerzo lograron cancelar», aseguró Salazar.
La Mesa de Casos Colectivos es la institución creada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para dar respuesta a miles de salvadoreños quienes tras el pago de sus propiedades se encuentran con que los vendedores se niegan a entregarles sus escrituras.
En la entidad, surgida en 2022, participan el Ministerio de Vivienda, el Centro Nacional de Registros, (CNR), la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría del Consumidor (DC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Hasta la fecha, el trabajo de este mecanismo ha logrado la recuperación $5.4 millones, y beneficiar a unas 8,000 familias en todo el país, que son partes de la proyección de alrededor de 350,000 quienes se encuentran en inseguridad jurídica en cuanto a las propiedades de sus casos debido a lotificadores irresponsables.
ESTAFADORES CAPTURADOS
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, compartió ayer un caso en el que la FGR capturó a cuatro sujetos que se dedicaban a registrar propiedades que no existen a nombre de personas ficticias, para luego venderlas a personas naturales.
«La problemática de los estafadores que inscriben propiedades que no existen y luego las venden es una forma más de operar, existen distintos tipos de estafa y cada uno de estos casos se analiza en la Mesa de Casos Colectivos, pero es la Fiscalía la que realiza las investigaciones y determina si hay delito», apuntó Sol, quien también celebró que la justicia castigue este tipo de abusos.
