El Gobierno fortalece la atención a las víctimas de la masacre de El Mozote, pues desde el 25 de junio está en vigor en el «Diario Oficial» la reforma de ley aprobada ese mismo día por la Asamblea Legislativa que permitirá a las familias afectadas por la matanza acceder a medidas de reparación una vez sean incorporadas al Registro Único de Víctimas (RUV).
La Asamblea Legislativa aprobó en junio de 2022 la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, que tiene como finalidad facilitar la incorporación de las victimas al RUV.
La enmienda que los diputados hicieron a la referida normativa, que fue promulgada para una vigencia inicial de tres años a partir de su publicación en el «Diario Oficial» el 27 de julio de 2022, permitirá que las víctimas puedan contar con tres años más para su inclusión en el RUV.
Unas 1,000 personas fueron asesinadas el 11 de diciembre de 1981 en El Mozote y zonas aledañas por soldados del batallón de contrainsurgencia Atlacatl, una tropa élite entrenada, equipada y financiada por Estados Unidos en el marco de la guerra salvadoreña.
«Las reformas dan beneficios legales: justicia y pronto acceso a la justicia, y si no se prorroga se irán (las víctimas) al procedimiento ordinario, es decir, contratar abogados y jurisdicción voluntaria. Permitirá acceder a las familias afectadas por la matanza a medidas de reparación», explicó Andrés Amador, coordinador del RUV a la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea previo a la aprobación de la enmienda.
«La seriedad y el compromiso del Gobierno es lo que nos ha hecho solicitar más tiempo para poder terminar lo que empezamos con éxito, es decir, el registro», dijo Amador al ponderar el trabajo articulado de las instituciones del Estado para permitir que funcione la actual normativa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 25 de octubre de 2012 ordenó al Estado salvadoreño, entre otras medidas de reparación, «continuar con la plena puesta en funcionamiento del “Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos durante la Masacre de El Mozote” y adoptar las medidas necesarias para asegurar su permanencia en el tiempo y la asignación presupuestaria para su efectivo funcionamiento».
Los dos presidente del FMLN: Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) hicieron poco o nada desde el Ejecutivo por acatar el fallo de la Corte que ordenó implementar medidas de reparación para las víctimas de El Mozote y lugares aledaños.
En tanto, las cuatro administraciones de ARENA (que van desde 1989 hasta 2009) Alfredo Félix Cristiani Burkard, Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca ignoraron la zona enclavada en el norte del otrora conflictivo departamento de Morazán.
No obstante, el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció en diciembre de 2021, la inversión de $32.4 millones en obras de reparación de las víctimas y sobrevivientes de la masacre en el caserío El Mozote y sus lugares aledaños.
Bukele, que hizo el anuncio durante su visita a El Mozote, detalló que los $32.4 millones serían distribuidos en infraestructura, seguridad pública, salud, acceso al agua, saneamiento ambiental, educación, espacios de convivencia, reparación de calles, electricidad, vivienda, entre otros rubros.
