Debido al cierre de carreteras por protestas ante el rechazo de la aprobación de la ley de contrato minero entre el estado y empresa minera, por los impactos medio ambientales que significaría esta práctica en Panamá, algunos transportistas salvadoreños han quedado varados en dicho país centroamericano.
Ante esta situación, el Gobierno de El Salvador, mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó establecer un corredor humanitario para darle salida a los transportistas salvadoreños en Panamá.
#DePlaneta @cancilleriasv emitió un comunicado en el que hace un llamado a las autoridades de Panamá y líderes de sociedad civil de ese país a que habiliten un corredor humanitario que permita solucionar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran transportistas… https://t.co/QOUW1l02rP
— Diario El Salvador (@elsalvador) November 26, 2023
«El Salvador hace un llamado a las autoridades de Panamá y a los líderes de la sociedad civil de ese país para que habiliten un corredor humanitario que permita a los transportistas salvadoreños, afectados por los cierres de carreteras, salir de territorio panameño», solicitó Cancillería de El Salvador.
El comunicado emitido este 26 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su embajada en Panamá, relata: «A través de nuestra Embajada en Panamá, por más de 30 días, se han atendido las necesidades de alimentación y de salud de nuestros connacionales, en estricto sentido humanitario. Sin embargo, hasta este momento ha sido imposible concretar una solución para los conductores que continúan varados en territorio panameño».
La institución apeló a las históricas relaciones diplomáticas y de cooperación con Panamá para solicitar a las autoridades y a los líderes de la sociedad civil que mantiene las calles cerradas, que habiliten un corredor humanitario para que los salvadoreños puedan salir del país a la mayor brevedad posible.
Panamá afronta varias semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía minera canadiense, el cual permite a la multinacional operar por 40 años en la zona caribeña del país.
Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye a un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular.
Los manifestantes aseguran que el nuevo acuerdo tiene los mismos vicios y que la mina ya causó daños al medioambiente local. Como parte de las manifestaciones, varias personas a bordo de pequeñas embarcaciones han tratado de bloquear el puerto construido por la compañía para recibir insumos y sacar la producción de cobre. Desde el 22 de noviembre, los principales accesos a la capital, Ciudad de Panamá, fueron bloqueados por miembros de sindicatos.
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