La violencia y criminalidad en Perú forzaron al Gobierno de Dina Boluarte a declarar estado de emergencia en dos distritos en Lima y siete en Piura durante 60 días calendario, es decir que la medida se prolongará hasta el 19 de noviembre, según el decreto.
Las autoridades del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, exigieron la intervención de la Policía Nacional y de la Fuerza Armada ante el lanzamiento de una granada en una discoteca de esa localidad que dejó saldo de 10 heridos el 15 de septiembre.
El Consejo de Ministros publicó que la restricción se aplica desde el martes en los distritos de San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho de Lima, y en los distritos de Sullana, Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo, Ignacio Escudero y Miguel Checa, de la provincia de Sullana, Piura. «Se han detectado bandas y organizaciones criminales que ponen en riesgo y peligro a la ciudadanía de esas jurisdicciones, impactando en la seguridad y afectando así el orden interno y generando zozobra en dichas zonas», explica en el documento.
«La Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo», indica. También están suspendidos los eventos sociales y los espectáculos de las 00:00 horas hasta las 4:00 horas.
«El tema de la inseguridad no es nuevo para Perú. Este ha ido creciendo por la desidia de algunas autoridades de tomar firmeza para salvaguardar la vida y los negocios de nuestros ciudadanos. No estamos improvisando, [el estado de emergencia] ha sido bien pensado, las autoridades locales han pedido que el Ejecutivo intervenga», defendió Boluarte la restricción desde la 78.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.
Sin embargo, el teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, solicitó al Gobierno que se amplíe el estado a toda el área metropolitana y no solo a los dos distritos de Lima, ya que opinó que la delincuencia no tiene fronteras.
A esta iniciativa se sumaron los alcaldes de Lima Metropolitana, quienes solicitaron al Ministerio del Interior extender el estado de emergencia en los 43 distritos. Los funcionarios se comprometieron a «trabajar conjuntamente para contrarrestar la ola delincuencial que pone en riesgo la vida» de la población.