El Gobierno del presidente Nayib Bukele insistió en defender las más de dos décadas de contribuciones económicas y de seguridad social que los salvadoreños con el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) han impulsado en Estados Unidos. Este esfuerzo y arduo trabajo merecen una «decisión justa» que honre a las familias inmigrantes con una solución permanente, acotó el Ejecutivo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería reiteró que los salvadoreños han impulsado la economía estadounidense a través del pago de impuestos, tasas y otras contribuciones especiales. Además, el 95 % de la población salvadoreña con TPS tiene empleo formal, el 53 % paga una hipoteca y cerca del 10 % son empresarios.
Esto es solo una parte del gran arraigo que las personas con TPS han construido. El Centro para el Progreso Americano (CAP, en inglés) dice en uno de sus informes que las comunidades con TPS procedentes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán, representan el 98% de casi 318,000 de los beneficiarios en total. Son estos hogares los que contribuyen $2,300 millones en impuestos federales y $1,300 millones en impuestos estatales y locales cada año.
Tienen más de $10.1 mil millones en poder adquisitivo. El informe también menciona que sus empleadores apoyan a la financiación del Seguro Social y Medicare. En el caso de los salvadoreños, hay alrededor de 190,000 beneficiarios del programa. Este es el grupo más amplio, seguido de los haitianos y los hondureños, quienes a su vez tienen 300,000 hijos nacidos en Estados Unidos.
Cerca de un tercio de los hogares con un beneficiario de TPS tiene una hipoteca, lo que significa que tendría un gran impacto en el mercado de la vivienda si los titulares se vieran obligados a abandonar Estados Unidos.
«Abogamos por una solución permanente para miles de familias salvadoreñas y de otras nacionalidades que se verían afectadas por esta decisión», aseveró el Gobierno y reafirmó el compromiso del presidente Bukele por garantizar el bienestar de los salvadoreños, aunque estos se encuentren fuera de las fronteras. «Reiteramos el principio de responsabilidad compartida de las nacionales en el ámbito migratorio», agregó.
Después de 16 meses de negociaciones, a finales de octubre, la Alianza Nacional del TPS anunció que el diálogo entre los 14 demandantes de países de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán -incluyendo a sus hijos ciudadanos estadounidenses – y los abogados del presidente Joe Biden sobre el caso Ramos vs. Mayorkas quedó suspendido, una acción que dejó completamente a criterio del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito la vigencia del TPS o su anulación.
Esto proviene de un extenso enfrentamiento legal desde 2018, cuando el expresidente Donald Trump terminó el TPS para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Esto ocurrió durante el Gobierno del FMLN. Mientras, la administración del presidente Bukele trabajó por el TPS recién llegado al poder Ejecutivo.
Es así que se realizaron una serie de visitas con altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y, como resultado, El Salvador es el único que tiene asegurados 365 días adicionales en caso de que la Corte alcance una decisión no favorable sobre el TPS.
El programa migratorio ofrece protección y permisos de trabajo para los salvadoreños que llegaron a Estados Unidos desde febrero de 2001. Para ser elegibles, estos inmigrantes tuvieron que demostrar ser ejemplares y someterse a procesos biométricos, además de poseer un récord criminal limpio. Además, para una reasignación, los inmigrantes deben contar con casi $500 para llenar los Formularios I-765 y I-821.