La Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo la noche del pasado domingo y en la madrugada de ayer la Operación Monarca en contra de la corrupción en las alcaldías. Dos alcaldes —el de Zacatecoluca y el de San Rafael Obrajuelo— fueron detenidos como parte de una red de corrupción. Junto con ellos arrestaron a dos exdiputados del FMLN, además de a otros funcionarios a quienes se acusa de una serie de delitos como malversación de fondos públicos, recepción de sobornos y asociaciones ilícitas.
La Operación Monarca es un muy buen ejemplo de lo que está sucediendo en el país con los fondos públicos en las alcaldías: dineros destinados para el desarrollo de la comunidad han sido utilizados para beneficio personal o partidario, como parte de enmarañadas redes de corrupción. De ahí que la idea de crear la Dirección Nacional de Obras Municipales se vuelve más necesaria, porque permitirá un uso efectivo y eficiente de los fondos públicos. Además, todas las comunas podrán disponer de logística y respaldo legal desde el Ejecutivo, eliminando las redes de corrupción que vienen operando desde hace varios gobiernos. No olvidemos que el exdiputado Roberto Silva Pereira fue detenido por precisamente dirigir una red en la que ofrecía trabajos en las alcaldías con sobreprecio, dinero que luego sería repartido entre los actores de la corrupción. Silva Pereira, siendo del PCN, tenía como grandes clientes a alcaldías del FMLN y de ARENA.
Es muy revelador que justo ahora que están de salida muchos alcaldes, en lugar de dedicarse a terminar las obras que prometieron en campaña y por las que fueron electos hace tres años, abandonen hasta las tareas más básicas, como la recolección de basura o reparar las calles, además de la limpieza de tragantes y quebradas para evitar las inundaciones en la temporada de lluvias. Ha sido el Gobierno, por medio del MOP y con el apoyo de los reos en fase de confianza de la Dirección General de Centros Penales, el que ha ejecutado las obras que les correspondían a los alcaldes, ya que por ello cobraban tasas o resolvían con la transferencia de dinero directamente desde el Ejecutivo por medio del Fodes.
En su defensa, los políticos de la oposición justifican los malos manejos por falta de experiencia en la administración de la cosa pública, e incluso se atreven a «denunciar persecución». Sin embargo, lo que se ha visto realmente es que en muchas alcaldías se encuentran incrustadas, al igual que en la Asamblea Legislativa, verdaderas redes de criminales. Estas estructuras van para afuera. Han sido desalojadas por el voto popular, que escogió a nuevos funcionarios, pero también con base en las investigaciones de la Policía para detener a criminales que se dedicaron a enriquecerse con los fondos públicos y a pactar con otros delincuentes.
Ahora es el momento para que el Órgano Judicial sea consecuente con las aspiraciones de justicia y de desarrollo de los ciudadanos y complete la tarea que empezó la Policía.
