El presidente Nayib Bukele anunció este fin de semana la instalación de un cerco de seguridad alrededor de varios municipios de Chalatenango para capturar a un remanente de una estructura de pandillas.
Estos criminales, de la pandilla 18 sureños, fueron los responsables de cometer dos homicidios en esa zona.
Ya fueron capturados, pero las autoridades están enfocadas en detener a todos los mareros que forman parte de esa estructura y a sus colaboradores.
Por tal motivo, 5,000 soldados y 1,000 policías fueron desplegados en San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador, en la zona sur de Chalatenango, para desarticular por completo a esa pandilla.
Este es un recordatorio de que la guerra contra las pandillas está lejos de terminar: por lo tanto, todavía hay integrantes de esas estructuras en libertad. Se mantienen ocultos, pero se activan para cometer crímenes tan graves como quitar la vida a dos ciudadanos.
Lo que la historia nos ha demostrado recientemente es que estos delincuentes no actúan solos, tienen un grupo de apoyo, una red criminal que les da soporte y que los ayuda a continuar fuera del alcance de la ley.
El Salvador ha logrado prácticamente desarticular a todas las maras, pero estos remanentes en libertad significan que el trabajo de los cuerpos de seguridad está lejos de haber terminado.
El pueblo salvadoreño apoya decididamente estas iniciativas del Gobierno del presidente Nayib Bukele para erradicar de una vez por todas a los pandilleros, que por décadas hundieron al país en el terror, la desesperanza y la miseria.
Únicamente los aliados de estos criminales se pueden oponer a que las autoridades registren de manera minuciosa para capturar a los responsables de colaborar con los homicidios de personas honradas.
Solo los socios de los pandilleros pueden salir en su defensa y reclamar para ellos privilegios que no corresponden conforme a sus actos brutales. Muchos activistas de ARENA-FMLN denuncian vulneración de los derechos humanos de los criminales, olvidando que estos delincuentes deliberadamente cometieron asesinatos con brutalidad, extorsionaron a trabajadores, violaron a jóvenes y desaparecieron a muchos ciudadanos.
Nunca se preocuparon por los derechos humanos de las víctimas, pero hoy se rasgan las vestiduras porque los pandilleros están encerrados y aislados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad que garantiza que pagarán por todos los daños causados a la sociedad salvadoreña.
