Por lavado de dinero, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, exoneró de forma definitiva a José Adán Salazar Martínez, hijo de José Adán Salazar Umaña, mejor conocido como «Chepe Diablo» quien el 21 de mayo de 2021, fue absuelto por el mismo delito en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador.
Los jueces otorgaron el sobreseimiento definitivo para Salazar Martínez, ya que los abogados defensores plantearon una excepción por falta de acción solicitad, al darle la razón a los abogados el tribunal anuló el proceso por considerar que no se había terminado el procedimiento administrativo, para que la Fiscalía ejerciera la acción penal.
Según la defensa el ministerio público antes de llevar el caso al ámbito judicial tuvo que haber agotado la fase en la cual se le diera la oportunidad al imputado para resolver una supuesta evasión fiscal ante el Ministerio de Hacienda.
La resolución de los jueces admite apelación y la Fiscalía puede recurrir ante la Cámara Segunda de lo Penal para que revise el actuar del Tribunal Quinto de Sentencia.
Salazar Martínez estaba con medidas alternas a la detención desde octubre del año pasado cuando se le favoreció en una audiencia especial de revisión de medidas y le impusieron una fianza de $15,000, presentarse cada 15 días a firmar, no salir del país y no cambiar de domicilio.
Salazar Martínez estuvo prófugo desde el 4 de abril del año 2017, cuando la Fiscalía le giró orden de captura, pero la Policía no lo ubicó para capturarlo, fue hasta el 23 de febrero de 2021 que se presentó al Juzgado Cuarto de Instrucción para someterse al proceso penal luego de ser declarado rebelde y tener nueva orden de captura.
Por el mismo delito de lavado de dinero el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, enjuició a José Adán Salazar Umaña, al exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, Romelia Guerra, Sara Paz Martínez y Susana Nohemy Martínez, pero la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador lo exoneró por existir doble persecución, debido a que en el año 2014 ya habían sido procesados por el delito de evasión de impuesto que dio lugar al lavado de dinero.
Para Salazar Martínez, la Fiscalía había solicitado que respondiera por una responsabilidad civil de más de $3 millones que el presunto lavador debe regresar al Estado en el caso que sea encontrado culpable por la vía civil.
