Enero de 2026 marcará el momento en que la teoría política de Bernardo Arévalo colisionó frontalmente con la realidad criminal de Guatemala. Al llegar a la mitad exacta de su mandato, el saldo no es la prometida «primavera democrática», sino una estela de policías asesinados, otros heridos de gravedad, tres mujeres que han sido asesinadas y cárceles bajo el control del Barrio 18. El pasado fin de semana sangriento no es un evento al azar, es la consecuencia criminológica de un vacío de autoridad que el crimen organizado ha sabido capitalizar por la falta de una política, estrategia y planes de seguridad por el presidente Arévalo.
La «seguridad democrática», bandera ideológica del Movimiento Semilla, que ganó las últimas elecciones presidenciales, partía de una premisa noble, pero tácticamente suicida en nuestra microrregión centroamericana: creer que se puede desmantelar el crimen organizado y las pandillas criminales mediante la prevención social y la depuración institucional sin ejercer primero un control del territorio. Desde la criminología, sabemos que el delincuente racional evalúa costos y beneficios. En El Salvador, el costo de delinquir hoy es la «muerte civil», y los condenados por pertenecer a pandillas están en el Cecot. En la Guatemala de Arévalo, hasta el viernes pasado, el costo era un proceso judicial garantista que las pandillas aprendieron a manipular desde sus centros de mando carcelarios.
La crisis actual expone la falacia y los absurdos del presidente Arévalo de criticar, difamar y atacar la estrategia del presidente Nayib Bukele cuando no se puede garantizar la vida de los propios agentes policiales guatemaltecos. Durante dos años, el presidente Arévalo y su gabinete se posicionaron como la antítesis moral del presidente Nayib Bukele, calificando su método de seguridad y la implementación del régimen de excepción como una erosión de derechos y de garantías. Sin embargo, la realidad de 2026 es lapidaria: mientras El Salvador consolida su estatus como el país con la menor tasa de homicidios en el continente y la disminución relevante de los delitos de alto impacto, con las pandillas reducidas a sombras e historias, Guatemala se desangra porque su Gobierno priorizó la estética democrática sobre la eficacia operativa; el idealismo del presidente Arévalo y su prioridad de quedar bien con organismos internacionales y continuar con una línea de fracasados gobiernos de izquierda en nuestro continente, donde no tienen ni un tan solo caso de éxito de combate al crimen, por el contrario dejaron caos, luto, muerte, dolor y permitieron la cleptocracia.
El ataque coordinado contra la Policía Nacional Civil de Guatemala es un acto de terrorismo que busca medir el pulso al Gobierno de Guatemala y ubicarlo en su triste realidad. Al perder el control de las cárceles, el verdadero «cuartel general» de la extorsión, el Estado guatemalteco ha fallado en su deber primario de seguridad nacional: el monopolio de la fuerza. La respuesta tardía de decretar un estado de sitio es una admisión implícita del fracaso del publicitado modelo preventivo. Arévalo ha tenido que recurrir a la «mano dura» que tanto criticó en su campaña, pero lo hace desde una posición de debilidad reactiva, no de fortaleza estratégica, y desde mi punto de vista sin disponer de un plan integral. Ahora se disfraza de un presidente enérgico y que conoce de seguridad nacional.
Para el ciudadano, la discusión sobre «derechos humanos» se vuelve estéril cuando el derecho humano fundamental, la vida, no está garantizado. La lección que aprendimos en El Salvador y que nos recuerda este lamentable caso en Guatemala, es dura, cruel, pero real: las pandillas criminales no entienden de sociología ni de prevención, de respeto a la ley ni de tratados internacionales, entienden de fuerza y represión con inteligencia estratégica.
Si el Gobierno de Bernardo Arévalo no abandona su soberbia intelectual y acepta que la estrategia liderada por el presidente Bukele logró lo que su Gobierno no ha podido, la paz en las calles y en todo el país, la segunda mitad del mandato de Arévalo no será de transición, sino de rendición ante el crimen. No se puede gobernar con un manual de ciencias políticas, mientras el crimen organizado asesina a los ciudadanos.
