Como no podía ser de otra forma, los partidos políticos expulsados de la Asamblea Legislativa por los ciudadanos en las elecciones del 28F utilizaron su sesión plenaria de despedida para tratar de reactivar la impunidad con una nueva ley de amnistía para los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
En el FMLN no se detuvieron, a pesar de las críticas que tenían de sus bases históricas por la afrenta contra los derechos humanos. Al contrario, el subjefe de bancada del Frente, Jorge Hándal, aseguraba que superar el veto contra la impunidad era para «garantizar un espacio de diálogo», porque eso abriría una controversia que debía resolver la Sala de lo Constitucional, obligada, entonces, a pedir opinión nuevamente a la Asamblea y al Ejecutivo.
Fue la misma irresponsabilidad de los diputados la que les jugó en contra porque la ausencia de parlamentarios a la hora de votar impidió que reunieran los 56 votos de la mayoría calificada, necesaria para superar un veto presidencial: no fue por falta de voluntad, sino por el ausentismo, una de las características de la Asamblea saliente.
Reactivar la ley de amnistía era una bofetada en contra de miles de víctimas del conflicto armado y una afrenta a los esfuerzos por garantizar el acceso a la justicia. En este proyecto detestable estaban unidas, como siempre, las bancadas de ARENA y del FMLN, más sus compañeros de vagón.
Como corolario de su gestión administrativa, Mario Ponce, diputado no reelecto, reconoció haber gastado $400,000 en un nuevo salón para reuniones, el cual quedó inconcluso a pesar del oneroso costo.
Lo que sí aprobaron los diputados salientes fue la elección de los magistrados suplentes de la Corte de Cuentas para que les garanticen la protección en las auditorías, para bloquear investigaciones y ejerzan presión contra funcionarios. Uno de los que fueron promovidos a magistrados suplentes es, precisamente, el encargado de auditorías que desestimó el uso de los gastos de la partida secreta durante el segundo Gobierno del FMLN. La promoción y el pago a sus favores llegaron en la última sesión plenaria.
La nueva Asamblea Legislativa, que asumirá este sábado, llega con el compromiso de revertir las acciones dañinas tomadas por los diputados salientes y para levantar los bloqueos impuestos a los proyectos presentados por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como el financiamiento a las nuevas fases del exitoso Plan Control Territorial y los apoyos para reactivar la economía tras la pandemia de la COVID-19.
