Entre las personas decentes no hay argumento de peso para justificar el maltrato que históricamente los dueños de buses han cometido en contra de la población salvadoreña, tanto de manera física como con el uso de unidades de transporte en pésimo estado, además de la contratación de personas que no cumplen con las leyes y ponen en riesgo la vida de los usuarios.
La única explicación de tantos desmanes por tanto tiempo es la connivencia del viejo y decadente poder político con las mafias que controlaban el transporte. Lo que debería ser un servicio público de calidad y digno ha sido una queja permanente de quienes usan las unidades a diario. Además, era en estos buses y microbuses donde la gente más temor sentía, ya sea por la inseguridad de ser víctima de un atraco, acoso o abuso y por la incertidumbre por la vida misma, debido a la enfermiza manera de conducir que tenían algunos de los motoristas, dueños de prontuarios criminales.
Los dueños de buses y microbuses tienen concesiones del Estado. Los permisos de línea son propiedad del Estado y están sujetos al cumplimiento de leyes y condiciones establecidas en contratos. Por décadas, en el sector transporte no ha habido respeto por la ley, se han torcido las disposiciones legales a conveniencia, se han obviado otras y unas más se violan flagrantemente. Para que El Salvador progrese y sea una nación con vigencia plena del Estado de derecho, el transporte público debe ser de calidad, digno y respetuoso del marco legal.
Las mafias del transporte obtuvieron con ARENA y el FMLN una tremenda influencia, a base de transar con favores y dádivas, de abrirle espacio entre sus filas para que políticos corruptos, directamente o por medio de testaferros, usufructuaran una concesión del Estado que tienen prohibida por el ordenamiento constitucional.
Quienes ahora defienden que por fin se aplica la ley contra estas mafias son los mismos que antes se quejaban del maltrato a los usuarios y del pésimo estado de los buses, con el consecuente efecto dañino para la salud y la seguridad ciudadana.
En esto, la oposición al Gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido muy evidente. Están en contra del mandatario, independientemente sus acciones sean buenas o que coincidan con sus peticiones previas. Su estrategia se basa en el no como una respuesta inmediata ante cualquier acción gubernamental. Sin embargo, ya el pueblo ha tomado una decisión y se ha puesto del lado del presidente para avanzar por el camino correcto de la historia.
