El 26 de octubre de 2022 la Asamblea Legislativa —con 66 votos a favor — aprobó las reformas de la ley contra el crimen organizado en El Salvador, a iniciativa del presidente de la república, Nayib Bukele, por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Héctor Gustavo Villatoro, por medio de las cuales se estableció: «Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo o grupos estructurados conformados por tres o más personas que existan durante cierto tiempo y que actúen concertadamente con el propósito de cometer delitos», dice el artículo 1 de la reforma aprobada. Con lo que redefinió el concepto de crimen organizado, se ampliaron sus alcances y busca erradicar cualquier grupo delincuencial.
De igual forma, el artículo 3 fue modificado para la creación de tribunales especializados: «La organización de los tribunales contra el crimen organizado será de la siguiente manera: tribunales pluripersonales y cámaras contra el crimen organizado, de acuerdo con la distribución dispuesta en la Ley Orgánica Judicial».
La semana pasada nuevamente el ministro de Justicia y Seguridad solicitó una reforma que es trascendental y además muy audaz, y creada por salvadoreños para combatir con todos los medios legales y jurídicos. Me refiero en esta ocasión al artículo 2-A que se incorporó para penalizar al autor mediato, conocido en el lenguaje de la seguridad, ciencias penales, criminología, investigaciones, como el «hombre de atrás»; es aquel que se esconde detrás de otras personas (rostros visibles en nuestro caso salvadoreño, gatilleros, sicarios, asesinos a sueldo) sobre quienes ejerce dominio y poder para que ejecuten acciones criminales e ilegales bajo su control. Es el verdadero protagonista y actor principal de una estructura de poder de crimen organizado que se sirve de otros para ejecutar sus oscuros planes, por lo cual se mantiene protegido, pero es el que ha decidido en El Salvador quién vive y quién muere. Nunca estuvo ni se acercó por la escena del crimen, pero fue quien la ordenó.
Las estructuras criminales de las pandillas son crimen organizado transnacional, en especial la mara MS-13 y el Barrio 18, pero las otras pandillas criminales que operan en El Salvador tienen una estructura jerárquica, hasta llegar a los postes, chequeos, colaboradores, que son la parte amplia de dicha pirámide y donde están los denominados «tontos útiles». Con estas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, por los diputados que concurrieron con su voto a favor, se está sentando un precedente para que ese cabecilla, ese hombre que dio la orden para asesinar, extorsionar, secuestrar, desaparecer personas que fueron asesinadas sea perseguido, capturado, presentado ante la justicia y sea condenado con un tercio de la pena máxima adicional, que son 15 años, para tener una pena máxima de hasta 60 años. Se terminará la impunidad de los cobardes cabecillas que, desde una cervecería, desde una casa «destroyer» que es igual a una guarida o refugio de pandilleros criminales, o desde un centro penitenciario como lo ha sido en el presente siglo decidían a quién asesinar. Los cabecillas que no llegaron a la escena, pero dieron la orden de enlutar a las familias salvadoreñas, ahora serán condenados con una pena mayor al que ejecutó y cumplió la orden.
Gracias a esta iniciativa, la FGR con el apoyo en la investigación especializada de la PNC, el ser cabecilla criminal será causal suficiente para incrementar la pena en su condena. Sin la orden del cabecilla no se mueve la estructura, así es de vertical la cadena de mando criminal.
