El Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador juramentó este jueves a los expertos que elaborarán una análisis financiero contable que permitirá determinar la cantidad exacta de dinero que fue sustraído por el expresidente Salvador Sánchez Cerén con la ayuda de otras 10 personas.
«Los delitos que se les atribuyen son peculado y lavado de dinero y activos. Los exfuncionarios son procesados por desviar dinero de los fondos reservados a diferentes cuentas bancarias, durante el período presidencial de junio de 2015 a mayo de 2019», publicó la Fiscalía General de la República.
Fueron cinco peritos permanentes propuestos por la Fiscalía y dos de la defensa los que deberán presentar al juzgado los análisis que serán ofrecidos como prueba durante la audiencia preliminar.
Se les delimitó los puntos de pericia en los rubros de contabilidad y área financiera. La jueza le admitió al ministerio público todos los puntos de análisis a realizar.
Según la acusación, Sánchez Cerén quien huyó a Nicaragua y luego fue nacionalizado, desvió junto al resto de imputados $187 millones. El 25 de agosto del año 2022, cuando el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, hizo la audiencia inicial resolvió que cuatro vinculados al desvío de esos fondos siguieran en detención mientras que tres exempleados de Casa Presidencial que estaban en arresto domiciliar siguen con esa medida.
Entre los procesados está, Manuel Arturo Ayala Orellana, acusado de peculado y lavado de dinero, en los períodos 2009-2014 y 2014-2019, fungió como director ejecutivo de la Presidencia en los gobiernos de Mauricio Funes y Sánchez Cerén, que también es procesado en el caso «Saqueo Público».
Otro de los exfuncionarios es Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial, supuestamente tramitó pagos salariales complementarios para el Estado Mayor sin cumplir los requisitos de ley, también le atribuyen, peculado y lavado de dinero.
En el caso de la tesorera institucional de la Presidencia, Daysi Armida Díaz, quien fungió en ese cargo entre noviembre de 2016 a mayo de 2019, es acusada de haber firmado 193 cheques provenientes de Casa Presidencial que después fueron depositados en seis cuentas bancarias abiertas a nombre de particulares.
Otro señalado es el empresario Alexander Benítez Peña, propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, por haber recibido supuestamente fondos en concepto de proveedor de servicios de la Presidencia, es acusado de lavar dinero, ya que no aparece inscrito en los registros como un proveedor.
Los exempleados de la Presidencia son: Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia; Pablo Gómez, exasistente financiero y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional, los tres son procesados en el caso «Saqueo Público».
Los demás procesados que tiene la calidad de prófugos son: el exsecretario privado de la Presidencia, José Manuel Melgar Henríquez, José Armando Escobar Barillas, exjefe de presupuesto; Carlos Ernesto Guerrero Ventura, exgerente financiero; Edgar Lizama, exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Gregorio Abarca Palacios, exasistente técnico; Carlos Armando Miranda Díaz, expagador auxiliar de la Comandancia General de la Fuerza Armada; Arturo Gilberto Alvarado, exjefe del Estado Mayor Presidencial del Ministerio de Defensa; William Oswaldo Vaquero León, exasistente personal de Sánchez Cerén, a este capitán del ejército el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político.
También está, Carlos Guardado y el teniente coronel José Saúl Osorio Rodríguez quien era oficial de enlace entre la Fuerza Armada y la Presidencia.
