El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, comenzó ayer la audiencia preliminar en contra de 11 imputados en el caso conocido como «Saqueo Público» otros 18 acusados que no se presentaron serán declarados rebeldes y les girará nueva orden de captura.
El proceso penal iniciado el 8 de junio de 2018 en contra de 32 personas, tiene entre los principales señalados al expresidente Mauricio Funes, junto a 30 imputados tuvo que haber comparecido a la audiencia, ya que el Juzgado Séptimo de Instrucción condenó en un procedimiento abreviado a Regina Cañas o «Tía Bubu» a tres años por casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, el 23 de marzo del año 2021.
Pero una de las fiscales informó que a la diligencia fueron convocadas 29 personas, pues Cañas, ya fue condenada, los defensores han dicho que uno de los imputados se criterió y por eso dejó de ser perseguido penalmente
Cuando la Fiscalía judicializó el expediente «Saqueo Público», dijo que Mauricio Funes, armó una red para sustraer más de $351 millones de las arcas del Estado entre los años 2009 al 2014, período en el cual fue presidente.
Los actos de corrupción acusados por el ministerio público establecen que Funes creó una red para sustraer $351,035,400 y junto a 31 personas les inició la causa penal por lavado de dinero y peculado.
La fiscal del caso mencionó hoy que en el extenso expediente de 683 piezas con más de 2,000 documentos se detalla que durante el quinquenio de Mauricio Funes, se aumentaron los gastos reservados de la Presidencia, para apropiárselos de forma ilícita.
A la Presidencia de la República la Asamblea Legislativa le aprobó un presupuesto de $80,818,285, pero a Mauricio Funes no le alcanzaba ese millonario desembolso y pidió al Ministerio de Hacienda refuerzos presupuestario hasta alcanzar los $351 millones que peculó (apropiarse) para posteriormente lavarlos a través de compra de propiedades, viajar con su círculo de amigos y llevar una vida rodeado de lujos.
La audiencia preliminar está programada para dos meses, en ese plazo el juez recibirá toda la prueba de fiscales y defensores, para luego emitir la resolución.
