El 16 de noviembre de 1989, un comando de las Fuerzas Armadas asesinó a sangre fría a ocho personas: seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras. La masacre, cometida dentro de las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), provocó el repudio nacional y el mundo entero exigió un juicio justo y castigo para los perpetradores.
Lo más cercano que hemos estado a la justicia en este hecho barbárico ocurrió a miles de kilómetros, más allá del Atlántico, cuando la Audiencia Nacional de España condenó a 130 años de cárcel a Inocente Montano, el general que fungió como viceministro de la Defensa cuando se ordenó el múltiple homicidio.
En el país, los grupos en el poder se dedicaron desde el primer momento a encubrir el horrendo crimen y hasta llegaron al colmo del cinismo al señalar como culpables a otros delincuentes.
En un juicio viciado, con jueces controlados por el régimen y con abogados corruptos y sin escrúpulos como Rodolfo Párker (que llegó al extremo de destruir pruebas y de alterar las declaraciones de miembros de la tropa que ejecutó las órdenes de asesinato), solo los miembros de los rangos más bajos fueron llevados al banquillo.
Ahí no estuvo el Estado Mayor ni el comandante general de las Fuerzas Armadas, como si un operativo de esa envergadura, con tantas consecuencias nacionales e internacionales, pudiera decidirse entre oficiales de bajo rango.
Más de 32 años después de la masacre, la luz de la justicia empieza a aparecer. El fiscal general, Rodolfo Delgado, anunció la apertura de una investigación contra el entonces comandante general de las Fuerzas Armadas en 1989, el expresidente Alfredo Cristiani, y 12 personas más involucradas en el múltiple homicidio.
«Este escrito forma parte de los esfuerzos que está realizando la Fiscalía para llevar ante el banquillo de los acusados a todos los responsables de diversos crímenes ocurridos durante la época del conflicto armado», dijo el fiscal general en un video publicado en Twitter.
Además de Cristiani, también serán acusados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores.
La alianza de ARENA-FMLN impidió durante décadas que los responsables de ordenar estos crímenes fueran juzgados y condenados. Ahora ha llegado el tiempo de pagar. Por ello ahora vemos a los beneficiados por la impunidad intentar huir hacia otros países.
