El Salvador emprendió, con la administración de Nayib Bukele, una guerra frontal contra las pandillas que también tocó su economía al atacar frontalmente sus finanzas, acción que no afectó el producto interno bruto (PIB) del país, como le advirtieron al gobernante.
Nayib Bukele publicó a mediados de la semana pasada un video en su cuenta de X donde destacó que la lucha contra las pandillas que inició en su Gobierno no afectó la economía salvadoreña, como le advirtieron en su momento los empresarios.
El jefe de Estado recordó que un representante de una empresa multilateral grande le dijo —en el inicio de la guerra contra las pandillas—: «Queramos aceptarlo o no, las pandillas son una economía oscura, pero son parte de la economía. De entrada, si son 70,000 pandilleros, son 70,000 empleos, 70,000 familias». Y luego le vino la advertencia: «Si usted remueve esa capa de la economía de golpe, el PIB de El Salvador va a caer».
Nayib Bukele ahora compara la realidad con la advertencia: «Decidimos enfrentar la delincuencia directamente a pesar del costo económico que eso pudiera tener. Sorpresivamente terminó 2022 y no cayó el PIB, más bien subió, y vamos a terminar el 2023 y tampoco cayó el PIB, más bien subió», dijo Nayib Bukele.
Los sociólogos y analistas políticos René Martínez y Mauricio Rodríguez coincidieron en que el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción han venido a golpear fuertemente las finanzas y la economía de las pandillas.
El PCT inició el 19 de junio de 2019, y el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022. Ambos han combatido fuertemente a las pandillas con acciones como el decomiso de bienes muebles e inmuebles, de drogas, de armas, de dinero en efectivo y en la desarticulación de negocios financiados con dinero producto de actividades criminales como la extorsión.
«La economía negra e ilegal de las pandillas drenaba significativamente los ingresos, tanto de las empresas como de las personas, que eran la fuente principal de ingreso de esos grupos para construir el imperio de la criminalidad», dijo Martínez.
Rodríguez, por su parte, dijo: «La política de seguridad pública sí bloqueó la economía ilegal de las pandillas, un dinero mal habido que era blanqueado, y eso prácticamente ya está controlado».
Las extorsiones afectaron la economía de personas naturales y jurídicas, y en los peores de los casos llevaron a la pérdida de vidas y a cerrar negocios, especialmente de micros y pequeños, dijeron los analistas.
Un estudio de Global Financial Integrity (GFI) de 2022 reportó que El Salvador fue el país del llamado Triángulo del Norte que más pagaba extorsiones (en años anteriores).
La Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES) destacó que la situación económica de sus empresas cambió sustancialmente, pues se redujo hasta en 80 % el pago de las extorsiones, el robo de mercadería y el contrabando.
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), por su parte, también han reconocido una drástica reducción de las extorsiones en sus agremiados.
Nayib Bukele llamó a principios de la semana pasada a los empresarios nacionales e internacionales a invertir en El Salvador «seguro», que está «a punto de eliminar» a las pandillas. «Vengan a invertir aquí, con seguridad jurídica, con seguridad física y con la total convicción de que están invirtiendo en un país que va para arriba», dijo Nayib Bukele después de inaugurar una megaplanta farmacéutica por $100 millones.