El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, junto con efectivos militares el viernes por la noche ejecutaron varios patrullajes en diferentes sectores de los municipios de San Salvador, Soyapango e Ilopango, como parte de la ejecución de la fase IV del Plan Control Territorial (PCT).
Merino Monroy informó que las zonas intervenidas fueron la colonia Santa Marta, de San Jacinto; colonias Amatepec, 22 de Abril, Las Brisas, Sierra Morena y El Matazano, en Soyapango; y las colonias Santa Lucía y Las Palmas, de Ilopango.
«La ejecución del Plan Control Territorial, a cargo del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ha permitido mejorar las condiciones de seguridad pública y llevar al país a los tiempos más seguros de la posguerra», indicó el ministro.
El jefe de la Defensa atribuye la reducción de homicidios, feminicidios, extorsiones y otros delitos a los resultados del PCT. El pasado 19 de julio, el presidente Bukele puso en marcha la referida fase del PCT denominada Incursión, que tiene por objetivo duplicar el número de militares a 40,000, para que brinden seguridad a los salvadoreños en las colonias y comunidades consideradas peligrosas debido a la presencia de las pandillas.
«Con la incorporación de ustedes, llegamos a 10,872 asignados a tareas de seguridad, y también llegamos a 20,232 soldados activos. Por primera vez, en mucho tiempo, la Fuerza Armada va a tener más de 20,000 soldados activos», expresó en esa ocasión el mandatario durante la ceremonia de juramentación en las instalaciones del Centro de Historia Militar, antiguo cuartel El Zapote, en San Salvador.
El presidente de la república agregó que con esta acción se garantizan 20,000 empleos para jóvenes, de manera que «habrá una persona brindando seguridad por cada pandillero; así vamos a ganar esta guerra contra las pandillas con medidas valientes».
Desde el inicio de su mandato, el presidente Bukele se comprometió a velar por la
seguridad de todos los salvadoreños, por lo cual el 19 de junio de 2019, justo cuando recién iniciaba su Gobierno, anunció la fase I que al siguiente día se implementó; 15 días después, en paralelo, se comenzó con la fase II.
La estrategia de seguridad comprende hasta la fase VII; la primera se enfocó en la recuperación de los territorios que estaban dominados por las pandillas, así como en tomar el control de los centros penitenciarios desde donde se ordenaba cometer toda clase de crímenes.
La segunda fase conlleva un componente social, el desarrollo de las comunidades y, sobre todo, abrir oportunidades a los jóvenes; para esta última fueron aprobados $91 millones, más la reorientación de fondos por $9 millones.
