La bancada de Nuevas Ideas ha incorporado un capítulo de infracciones en el paquete de reformas a la ley del historial crediticio de las personas, y la violación de estas llevaría a los agentes económicos a pagar hasta 1,000 salarios mínimos vigentes para el sector comercio y servicios.
L a bancada de Nuevas Ideas ha incorporado un capítulo de infracciones en el paquete de reformas a la ley del historial crediticio de las personas, y la violación de estas llevaría a los agentes económicos a pagar hasta 1,000 salarios mínimos vigentes para el sector comercio y servicios.
Las sanciones económicas llevarán al infractor a pagar desde 20 a 1,000 salarios mínimos vigentes para el sector de comercio y servicios. La comisión financiera de la Asamblea Legislativa conoció en su última sesión de trabajo el paquete de 21 reformas a la legislación vigente.
«Esta reforma de ley es un proyecto que la gente ha esperado por muchos años. Todas las herramientas legales que se están agregando vendrán a ayudar a la población para que la actividad económica no sobrepase los derechos de los usuarios», explicó el diputado de la bancada cian William Soriano.
Las nuevas infracciones graves, una vez aprobado el proyecto de reforma, serán desatender las solicitudes del consumidor, manejar la información de los clientes para otros fines, mantener la información de los clientes en lugares inseguros, obstruir el trabajo de las autoridades competentes y la falta de exactitud en los datos de los clientes.
Asimismo, se considerará una falta grave no adoptar las medidas o los controles técnicos para evitar alteración, pérdida, tratamiento o acceso al dato, modificar los datos, no actualizar los datos, reportar como dato negativo la falta de pago de membresías y reportar la información no requerida.
Por su parte, el catálogo de infracciones muy graves comprende obtener datos de forma fraudulenta, engañosa o sin la autorización del consumidor y la fuga de información de la base de datos.
Recientemente, la comisión financiera recibió a representantes de los burós de créditos tras las denuncias de la población relacionadas con los cobros abusivos y con la implementación de prácticas que perjudican especialmente la obtención de créditos.
Las enmiendas propuestas por los diputados de la bancada cian a la norma evitarán que estas empresas cometan abusos tanto en el historial crediticio como en el acceso a los créditos. Las reformas a la legislación no solo proponen nuevos derechos a los consumidores y clientes de estos agentes económicos, sino que también otorgan mayor presencia a las instituciones del Estado.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Consumidor (DC) ahora tendrán una mayor fiscalización del trabajo de los burós crediticios y las agencias de información de datos.
«Las reformas aumentarán el control sobre los burós de crédito, entes que por años han restringido el acceso de los salvadoreños a su propia información y han cometido irregularidades», valoró Ernesto Castro, presidente de la Asamblea.
«Con estas históricas reformas se busca proteger la información de los salvadoreños y evitar los abusos y las arbitrariedades que pudiesen cometer los entes financieros», dijo Castro.
Datos
La comisión financiera centró sus jornadas iniciales de trabajo en cómo frenar los abusos de los burós de crédito. La instancia legislativa recibió a los representantes de estos agentes económicos, que no brindaron explicaciones claras a los diputados.