La Sala de lo Constitucional anunció que admitía el amparo solicitado por Rodolfo Delgado, fiscal general de la república, en contra de la decisión judicial de anular el proceso contra los presuntos autores militares y civiles que organizaron, planificaron y ejecutaron la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en noviembre de 1989, en plena ofensiva guerrillera.
«¡Feliz año nuevo!», comentó el presidente Nayib Bukele en Twitter al reaccionar ante la noticia. Y, claro, es una muy buena noticia para todos aquellos que esperaron justicia durante más de tres décadas. Además, representa la llegada del verdadero cambio en el país. Es la hora de la justicia, pero de verdad, no aquella que denunciaba san Óscar Arnulfo Romero, que solo mordía al descalzo.
Eliminar la nulidad del proceso que dejó sin castigo este múltiple crimen abre la posibilidad para que los verdaderos autores intelectuales enfrenten la justicia. Los remedos de procesos judiciales se limitaron a perseguir a los elementos más bajos de la operación militar que pretendía acallar la voz incómoda del padre Ignacio Ellacuría y sus compañeros, que denunciaban las injusticias y los atropellos contra los ciudadanos, un legado que no han sabido mantener los funcionarios corporativos que ahora dirigen la universidad.
Ha sido necesaria la intervención de otro país, España, para conocer una condena relacionada con esta masacre. La Audiencia Nacional de España impuso 133 años de cárcel al coronel Inocente Montano, es decir, 26 años, ocho meses y un día por cada uno de los asesinatos. Pudo procesar a Montano, que era el viceministro de Seguridad de la época, después de que fue extraditado por Estados Unidos, país donde se refugió desde el fin del conflicto armado.
La sentencia del tribunal español no solo se refiere a Montano, sino a todo el Alto Mando de la Fuerza Armada de esa época, incluyendo al comandante general de entonces, el presidente Alfredo Cristiani, el primero de cuatro presidentes de ARENA. Solo Montano fue condenado porque fue el único que fue llevado a juicio ante la Audiencia Nacional.
Ahora se abre la oportunidad de que se imparta justicia por un crimen que conmocionó no solo al país, sino a toda la comunidad internacional, tanto que la Audiencia Nacional de España catalogó los asesinatos como «actos terroristas».
¿Quiénes se oponen a abrir nuevamente el proceso? Solo aquellos a los que la verdad les resulta incómoda o a quienes les afecta porque tirará por tierra cosas tan absurdas como aquello de «el presidente de la paz», a pesar de haber avalado esta y otras masacres.
