Los bloqueos sistemáticos al presupuesto para el Plan Control Territorial (PCT) llegarían a su fin en 2021, tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas y municipales que cambiaron radicalmente la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa. Los salvadoreños decidieron dejar en condición irrelevante a los diputados de ARENA y el FMLN y elegir como primera fuerza política del país al partido Nuevas Ideas.
Fue de esa manera como, el 11 de mayo de 2021, los diputados cian aprobaron el desembolso de $200 millones para el desarrollo de las fases II y III de la estrategia de seguridad, de los cuales $109 millones fueron destinados para equipar a la Policía ($59 millones) y a la Fuerza Armada ($50 millones).
Los $91 millones restantes tendrían un componente social; en palabras del presidente Bukele, se utilizarían para llevar a las comunidades «educación, salud, empleo, becas, deportes, arte, cultura, inclusión social, vivienda, agua potable» y la construcción de los centros urbanos de bienestar y oportunidades (CUBO), equipados con biblioteca, sala de lectura, centro de cómputo y salón de usos múltiples.
Esta estrategia de combatir la criminalidad y proporcionar oportunidades y desarrollo a las comunidades dista mucho de la manera en que ARENA y el FMLN pretendieron resolver el problema de la inseguridad al negociar con criminales.
Los hallazgos de una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República (FGR), que incluyó el relato de varios testigos, dejaron al descubierto que ARENA y el FMLN les entregaron miles de dólares a las pandillas para obtener resultados favorables en las elecciones presidenciales de 2014.
Los testigos aseguraron que el FMLN pagó $433,000 para obtener votos a favor de Salvador Sánchez Cerén, ahora prófugo, mientras que ARENA entregó $100,000 a cambio de que votaran por el también prófugo y actual diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano.
