El jueves pasado, luego de cuatro horas de campaña electorera adelantada, la oposición política al gobierno del presidente Nayib Bukele desarrolló una de sus apuestas más débiles, sin fundamento tecno-jurídico, inventando procedimientos a su conveniencia, irrespestando garantías y, en mi apreciación, sin una evidencia objetiva sobre el informe presentado al pleno sobre la comisión especial que «investigaba» hechos relacionados con el 9 de febrero de 2020. Resulta que la «investigación» dio un tremendo giro, y de ser blanco único y principal el señor ministro de la Defensa Nacional, contraalmirante Francis Merino Monroy, luego de haber sido interpelado por 12 horas, el informe único enfiló principalmente contra el señor director de la PNC, comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas; luego de finalizado el intento para desaforarlo y quedar cerrado el caso, un grupo reducido de ocho diputados y diputados que son prácticamente los que quieren tomar las decisiones en nombre de la Asamblea Legislativa, decidieron lanzar otro dardo contra el comisionado Arriaza Chicas para tener un segundo frente por donde intentar su objetivo de que sea removido como director general de la PNC.
El director general Arriaza Chicas, como lo he presentado ya en ediciones anteriores y en medios de comunicación con evidencia e indicadores, es el más eficiente, exitoso y el de mejores resultados en 28 años de la historia de la PNC, pero la evidencia que en tantas ocasiones solicita la oposición en esta oportunidad solo le sirve para llenarse más de odio y de deseo de venganza, porque la verdad es que ellos solo cumplen órdenes de sectores, grupos de poderes fácticos y otros que se han visto gravemente afectados en sus intereses económicos por la operatividad y efectividad de la PNC en el combate, la represión y prevención efectiva de los crímenes y delitos. Esta es mi principal hipótesis del accionar. El crimen organizado no puede desarrollar las actividades criminales que en los últimos gobiernos desarrolló con tranquilidad, porque las órdenes eran «persigan y maten a mareros y pandilleros, hagan que la población tenga en su mente que sus enemigos son las pandillas» mientras se generaban grandes negocios de la economía criminal.
Las supuestas graves violaciones a los derechos humanos se deben comprobar, verificar, documentar, presentar evidencia irrefutable; no es por un grupo reducido de personas que pasa un informe al estilo de «parte de guardia» de los extintos cuerpos de seguridad que se demuestra; expongan con claridad cuáles son las evidencias objetivas, ahora todo se fundamenta en un informe del exjefe de seguridad de la Asamblea, quien ya falleció. Sin duda muchos candidatos buscan publicidad gratuita para las próximas elecciones y tratar de retener su curul, todo con un manual de ataque bien estructurado y con ejes, pero también afectar la estabilidad del Gabinete de Seguridad, ya que durante 19 meses se han mantenido sin ningún cambio.
Afectar el Plan Control Territorial no solo no es una apuesta perdedora, sino que demuestra y comprueba la realidad que no les importa la población que se ha visto beneficiada al contar con menos crímenes y delitos desde el lanzamiento de dicho plan. ¿Quién sigue del Gabinete de Seguridad en sus ataques antes de las elecciones, según el manual?