Desde la elección de Juan Lindo como primer presidente, en 1841, el pueblo jugó al «esconde el anillo» (o sea, a la democracia electoral) con los dueños del juego y pagadores de los árbitros; se le presentó, en los bailes de gala de la concupiscencia de la corrupción e impunidad, como el régimen político gestor de la democracia perfecta de la alternancia desde 1886 (año en el que se volvió a prohibir la reelección presidencial) y se dijo que la tal democracia radicaba en la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas, en las misas de acción de gracias por la expropiación de las tierras comunales y en los moteles de paso de la política.
En la seguidilla de presidentes, a partir de 1992, luego de las reformas de la Constitución de 1983, quienes han estado presentes en el juego electoral, con la virtud de «único instrumento», han sido los partidos políticos y, más exactamente, sus líderes (vitalicios todos desde la década de los sesenta) y el poder económico de facto que mueve y hace hablar a los muñecos de ventrílocuo (desde que el régimen político es tal), quienes diseñaron el país a imagen y semejanza de sus intereses en perjuicio de las necesidades del pueblo que ha jugado el papel de ausente, prácticamente desde 1821.
En términos de soberanía electoral, radicada en el pueblo, la mayor estafa ha sido la de hacerle creer a los votantes que ellos son, «per se», quienes toman las decisiones sobre su destino social, cuando en realidad lo que han hecho es ratificar las decisiones que los líderes de los partidos tomaron cuando estaban manoseándose los unos a los otros. Eso ha sido así, sobre todo cuando se ha tratado de las elecciones presidenciales debido a que el pueblo, con sus mejores ropas de domingo, ha acudido a las urnas a votar por quienes decidieron que sean los candidatos a los que siempre presentaron como inteligentes, honestos, guapos y cercanos a la gente que camina, descalza y en ayunas, por esto que algunos pedantes —que se saben de memoria lo que otros dijeron, para ocultar que no tienen ideas propias— llaman modernidad o sociedad de la información.
Sin embargo, en 2019 se abrió la puerta de la memoria y la indignación con la rebelión electoral más sorpresiva de América Latina que llevó al Poder Ejecutivo a Nayib Bukele, y eso fue posible por la larga acumulación de fuerzas en silencio de parte de los ciudadanos que, expropiados de su vida, su país y sus «cositas», estaban desilusionados, decepcionados y desencantados por los políticos que la Constitución reciclaba a sus anchas y largas.
A raíz de eso, en esta coyuntura en la que la singularidad sociológica tiene rostro, el pueblo quiere ejercer, por primera vez en la historia, su soberanía en materia electoral y darle sentido al poder constituyente que radica en él, y sólo en él, y tal soberanía tiene como referente un deseo político y moral: querer que Nayib Bukele siga al frente del país (si sigue haciendo las cosas en favor del país, e incluso se supera a sí mismo), para lo cual fue necesario reformar la Constitución (pues el país se está reinventando a pesar de ella) y permitir la reelección indefinida, derecho que ya tienen quienes fungen como alcaldes y diputados, derecho que tendrán todos aquellos que, como presidentes, se ganen la voluntad social a fuerza de obras y liderazgo.
Siendo así, no existe problema cultural, objeción moral, hermenéutica ética, daño social o peligro de deterioro de la democracia si en el país es legal la reelección presidencial indefinida pues, al final, la reelección no será por decreto ni usando el ejército como tribunal electoral, sino que será una decisión soberana de los votantes plasmada en el escrutinio final, y esa es, sin duda, la esencia de la democracia electoral: que los votantes tengan la última palabra y obtengan lo que necesitan y solicitan.
Y es que, la reelección presidencial indefinida no es, «per se», negativa para la democracia. En términos constituyentes, lo antidemocrático es impedir la reelección presidencial, debido a que reduce o manipula las opciones del pueblo en las urnas, y ese pueblo es la razón moral (lo constituyente) de las decisiones políticas, siendo una de ellas a quién quiere como presidente.
Los que se oponen a la transformación del país no están de acuerdo con dicha reforma, pero no es porque estén pensando en la democracia como bien social, sino porque carecen de liderazgo —y de liderazgos— y de legitimidad frente a la población, y saben que no pueden competir con Nayib.
Importando consignas de décadas anteriores, los opositores dicen «solo el pueblo salva al pueblo», tratando de confundir e «insolentar» a los ciudadanos para que se rebelen contra el Gobierno actual. La frase es cínica y demagógica, por sí misma, ya que, si «solo el pueblo salva al pueblo», eso es lo que ha hecho en las urnas (de 2019 a 2024), y lo hará de nuevo en las elecciones de 2027.
Entonces, el argumento elemental y razón moral (en tanto verdad pragmática de lo constituyente) en favor de la reelección presidencial indefinida es que el presidente que gobierna bien y hace prosperar al país y a los ciudadanos debe ser recompensado (incentivo ético plasmado en lo constitucional), por lo que desaprovechar a un buen presidente es, sin dudas, un desperdicio político y sociocultural.
