Debo ser honesto y quienes me conocen, o al menos dicen conocerme, sabrán mi historial como estudiante universitario de los años ochenta, época cuando se respiraba muerte, destrucción y represión, que no dejaba opciones de dar a conocer descontentos, críticas, o simplemente había que salir a protestar en sendas marchas populares, entre estas la del 13 de septiembre de 1988, donde la consigna era exigir el presupuesto para la UES, las que se enmarcaron ante el cierre de la UES en 1989 y se recuerda al coronel Helena Fuentes, en ese momento director de la Guardia Nacional.
Podría en este artículo seguir haciendo memoria de todas esas marchas, en las que los estudiantes fuimos «instrumentalizados» por mentes que solamente respondían a un esquema de desestabilización de los gobiernos de la época (años ochenta), pero me limitaré a dar unas pinceladas de recuerdo, porque lo que pretendo es dejar clara la naturaleza de ese tipo de «lucha ochentera», recalcando que se hacía de esa manera porque no había espacios de diálogo y de entendimiento, y no quedaba otra opción que salir a las calles, pero era previsible lo que pretendían los dirigentes de la época, era un proceso de concientización, de ideologización y de acumulación de fuerzas, reconociendo que los partidos o movimientos socialistas o comunistas centran su accionar en hacerse sentir por medio de las masas (grandes conglomerados de personas afines).
Lamentablemente, no hemos aprendido de nuestra historia, ya que vivimos un conflicto armado que nos dejó 75,000 muertos, de los cuales el 80 % fueron civiles inocentes, o sea, 60,000 víctimas fatales, entre ellos muchos niños. Ese período oscurantista de nuestra reciente historia culminó con la firma de un acuerdo de paz entre las partes, de lo que entendemos se convirtió en «la gran estafa política», pues dicho acuerdo correspondía a un interés de esas partes de establecer un sistema bipartidista y de alternancia en el poder, la cual fue derribada por medio de una acción política del actual presidente, Nayib Bukele, con una ruptura histórica, eliminando las viejas maneras de hacer política y dejando al descubierto las verdaderas pretensiones tanto de ARENA como del FMLN.
De allí que han pretendido, según su esquema de lucha, golpear al Gobierno mediante sus críticas, señalamientos, y ahora instrumentalizando protestas del sector salud y educación, cuyos dirigentes sindicales o gremiales mostraron desacuerdo por la medida de no incluir, en principio, en el presupuesto de 2025, los respectivos escalafones cada cinco años para docentes y cada año para el sector salud. Dicho beneficio quedó incluido en el proyecto de presupuesto estatal votado, sin el apoyo de los diputados de ARENA y VAMOS.
El Gobierno, por medio de sus operadores políticos, estableció una mesa de diálogo y negociación, como debe ser, y es la manera de solventar los conflictos, pues de todos es conocido que tenemos un país geográficamente limitado y una densidad poblacional elevada de 301 habitantes por kilómetro cuadrado, con un parque vehicular de 1.81 millones de unidades que circulan por calles y avenidas, representando un incremento anual de 4.76 por año; de estos, un 67.3 % corresponde a vehículos y un 32.6 %, a motocicletas, lo cual incrementa los niveles de siniestrabilidad en este rubro.
Este es uno de los atenuantes por los cuales las denominadas marchas pierden vigencia, pues existe el diálogo y la negociación, típico de un gobierno democrático; en caso contrario, sería un esquema dictatorial tal como pretenden hacerlo ver pseudodirigentes sindicales, cuyos intereses de a poco van saliendo a la luz con sus verdaderas intenciones de carácter político partidista.
Queda claro que las marchas «blancas» se limitan a una expresión con más vendedores y miembros de partidos políticos que representantes de gremiales.
Por ahora los ensayos de la oposición se limitan a una estrategia de los partidos políticos fallidos.
