Independientemente de que nos guste o no, con Nayib Bukele se abrió un nuevo paradigma en El Salvador, el cual considero como una particularidad histórica (por la forma en cómo se expresa la coyuntura) signada por la reinvención del país, la cual tiene como eje central que «lo público sea mejor que lo privado», frase que resume y hace tangible la utopía social por la que ha transitado, con dolor y sangre, el pueblo salvadoreño.
Lo emblemático y piedra angular de este proceso ha sido, sin duda, la seguridad pública (o ciudadana), la cual también ha sido reinventada con Nayib, y que se ha convertido en una «sana envidia» de los países de la región continental que sufren la misma problemática de criminalidad que, hasta hace cinco años, era nuestra carta de presentación ante el mundo. Congruente con la ruptura de paradigmas, considero que la sociología también se ha visto en la necesidad de reinventarse a sí misma, readecuando sus conceptos elementales y constructos teóricos fundacionales que van desde la epistemología de las ausencias hasta la narrativa de las víctimas.
En el caso específico de la seguridad ciudadana, la sociología en los tiempos de la reinvención la considera como un hecho sociológico —«sui géneris»— que impacta tanto el comportamiento individual como el colectivo, cuya comprensión exige que se develen las causas originarias y se comprendan las formas para combatir y prevenir el delito, teniendo como base la participación ciudadana y la cultura política democrática, en tanto garantes de la seguridad desde el territorio y el imaginario, para darle a la seguridad un carácter sociocultural de largo alcance.
Desde la perspectiva sociológica, la seguridad pública en nuestro país ha asumido el perfil de seguridad nacional (o seguridad cultural), debido a la magnitud que en todos los rubros de la sociedad tuvo la criminalidad en las décadas del bipartidismo de facto. Siendo así, la seguridad nacional es una circunstancia histórica producto de la trascendencia de las condiciones heredadas, que sobrepasa la acción meramente policial y penal, ya que el país de violencia —edificado y pintado por las pandillas con la venia de los partidos políticos dominantes en ese período— vulneró por interpósita mano los derechos humanos de la inmensa mayoría de la población (víctimas directas e indirectas), carcomió los principios culturales, y deterioró o pervirtió el progreso económico y las relaciones sociales, hasta el punto en que la figura del pandillero fue legitimada y normalizada como sujeto sociopolítico con el cual se podía negociar, y como modelo de éxito (movilidad social ascendente) que debían imitar los jóvenes de las zonas populosas, depredando la calidad de vida comunitaria. La normalización de la figura del pandillero llegó a tal punto que hasta se le lavó y besó los pies para que, en el imaginario popular, quedara «tatuado» que tenía «la bendición de Dios».
Ante esa infamia, la opción fue reinventar la seguridad pública como seguridad nacional, lo cual fue posible con el liderazgo de Nayib Bukele como variable estratégica e interviniente. Ese ha sido un proceso complejo y multilateral que ha estado mediado por las intentonas de los opositores por hacer que «el pasado de sangre vuelva a pasar», y por la emergencia de la narrativa de las víctimas (visibilizándolas) y la defensa de los derechos humanos de estas, no los de los victimarios que fueron privilegiados por los gobiernos de ARENA y el FMLN. En esa lógica de pensamiento, la seguridad nacional es una acción cultural que remonta lo penal y vuelve a él, y lo es por el hecho de que la inseguridad era el problema urgente de la población, que sintió cómo su identidad era depravada.
La pregunta es: ¿cuáles son las nuevas formas de abordar la seguridad ciudadana para reinventarla como seguridad nacional? La respuesta nos remite a sus factores clave. En primer lugar, la seguridad nacional tiene como conciencia la cohesión social, pues es esta la que lleva a una sociedad de bienestar, con un Estado concebido como sujeto social con nuevas estatalidades —no como un simple espectro burocrático elitista— y con un sector privado como factor de justicia salarial, previsional y mercantil.
En segundo lugar, llevando el sentido común al nivel de sentido extraordinario, la seguridad en el país fue abordada a partir de la temporalidad resolutiva que media entre lo urgente y lo importante, resolviendo primero lo urgente, para que no se dilapiden los recursos usados para resolver lo importante.
En tercer lugar, la parte más novedosa en la reinvención de la seguridad, por el conocimiento de causa que conlleva, es la participación ciudadana, la que ha asumido dicha seguridad desde el territorio, y ese es un factor cultural significativo, pues junta al Estado con el individuo en la mesa de la cotidianidad, y a ambos con la sociedad para que la seguridad tenga un carácter estructural.
En cuarto lugar, es a través de la seguridad nacional que se potencia el progreso económico, debido a que aquella se convierte en una ventaja competitiva que se plasma en aspectos tales como el incremento de la productividad y la proliferación de iniciativas económicas que van desde lo micro hasta lo macro.
Siendo así, la reinvención de la seguridad pública como seguridad nacional demanda la reinvención de la inversión en ella, razón por la cual no se puede ubicar en un rubro específico, en el entendido de que, en nuestro caso, la inversión en seguridad tiene un significado de totalidad, constituyéndose en «la inversión en las inversiones públicas y en la plataforma de estas. Y es que la inversión en seguridad es: social, porque potencia el desarrollo integral y la matriz de relaciones interpersonales; es económica, en tanto ventaja competitiva para impulsar el progreso y atraer la inversión extranjera; es política, pues genera y sostiene la gobernabilidad en todo el territorio; y es cultural, porque es el sustento del nuevo consenso moral y sociocultural básico.
En pocas palabras, la reinvención de la seguridad es la masa crítica para una nueva doctrina jurídica en función de las víctimas y sus derechos humanos, y la inversión pública en ella se justifica por sí misma, debido a que es el piso en el que se asientan todas las otras inversiones.
