El Departamento de Asuntos Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) emitió un comunicado para oponerse al combate a la corrupción bajo el pretexto de que se trata de delitos ya prescritos.
Ataca la propuesta de reforma al Código Procesal Penal porque invalidará la prescripción de los delitos relacionados con la corrupción. Su argumento es que es «inconstitucional» debido a que «no favorece al imputado». Es curioso que el DEL cambie a «imputado» cuando el artículo 21 de la Constitución que cita dice textualmente: «Las leyes no pueden tener efecto retroactivo salvo en materias de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente».
La propuesta de reforma ha sido impulsada por el Gobierno como una ley de orden público dada la importancia que tiene y porque, tras décadas de impunidad, es urgente la administración de justicia, de modo que con ello se subsana ese argumento.
Fusades insiste en otra disposición, de que «no era delito cuando se cometió», pues es una reforma actual que actúa hacia el pasado. Pero esto es igualmente falaz; de hecho, por saber que los sobresueldos eran un delito es que los pagos se efectuaron en la oscuridad, se dieron instrucciones a los destinatarios para que no depositaran el dinero en sus cuentas de banco porque eso encendería las alarmas sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Si no era delito, ¿por qué actuaban de esa forma? ¿Cómo iban a justificar dobles ingresos del Estado cuando esa conducta es tipificada como delito?
Fusades también trae a colación la Convención Americana de Derechos Humanos, a propósito de la prescripción de los delitos. Ahí, los plazos son para meterle presión a los Estados para que combatan la impunidad, no son el salvavidas para delincuentes que buscarán alargar y desacelerar los procesos para agotar los plazos.
Eso es lo que ha sucedido con los exfuncionarios de ARENA y del FMLN que prosperaron en la corrupción: alargaron los procesos para llegar cómodamente a la impunidad de la prescripción de sus crímenes. Se encargaron de que el aparato de justicia, que dominaban de manera descarada, no investigara, que lo engavetara y «mandara al congelador», como solían hacer con los proyectos de ley importantes para la población, pero que perjudicaban a sus financistas.
Fusades lanza esta desesperada defensa de la impunidad en la víspera de la citación de su director de Asuntos Políticos, Luis Mario Rodríguez, para explicar un sobresueldo de $11,000 recibido mientras se desempeñó como secretario de Asuntos Jurídicos durante la administración de Antonio Saca.e
