Nayib Bukele, con la puesta en marcha del Plan Control Territorial (PCT), logró un éxito rotundo y evidente de seguridad en El Salvador. El PCT se ha convertido en un modelo para países con altos índices de inseguridad, con elevado número de muertes diarias, tal y como ocurre en la mayoría de los países de América Latina.
El PCT es un elemento indispensable y, hasta cierto punto, determinante para la profundización del sistema político democrático y el respeto de los derechos humanos de las personas honradas y trabajadoras, que prácticamente es la inmensa mayoría de la ciudadanía.
La implementación exitosa del PCT y el régimen de excepción ha impactado a las instituciones progres defensoras de la criminalidad bajo la cobertura de los derechos humanos, ahora precisamente cuando la ciudadanía goza por primera vez en 200 años del respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones progres defensoras de los terroristas se han ganado el rechazo y repudio de la inmensa mayoría de salvadoreños honrados y decentes, como resultado de estar difundiendo en el país y en el ámbito
internacional informes falsos que atentan contra la seguridad ciudadana alcanzada en el Gobierno de Nayib Bukele.
La inseguridad ciudadana es incompatible con la democracia cuando hay predominio del crimen organizado en la sociedad; significa que el Gobierno de ese país es corrupto por coexistir con criminales y no declararles la guerra, lo que deja en claro que la delincuencia tiene el estatus de cogobierno, tal y como existía en El Salvador; esta es parte de la explicación del porqué algunos jefes de gobiernos extranjeros muestran rechazo al paradigma salvadoreño.
El PCT, junto con el régimen de excepción, es la piedra angular de la seguridad ciudadana, y este binomio justifica su existencia mientras existan remanentes de las pandillas en el país, porque, si no se eliminan completamente, se reproducirán, y es volver al punto de partida, en donde existía prácticamente una metástasis. Ese mal social es necesario extirparlo completamente.
Los pandilleros constituían un «ejército» de alrededor de 100,000 criminales, que tenía el control territorial de más del 90 % del país, en donde «gobernaban», imponían extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones, etcétera. El presidente Bukele les declaró la guerra a las bandas criminales y encarceló a más de 83,000 pandilleros y liberó a 6,029.976 personas, y ahora El Salvador es el octavo país más seguro del mundo.
La minúscula oposición esgrime que a los capturados hay que dejarlos en libertad porque son padres de familia. Estos defensores de los criminales deberían explicar por qué los terroristas nunca tuvieron consideración de los niños, esposas, hijos y padres de los más de 120,000 personas que asesinaron sin piedad, haciendo uso de la barbarie. Queda claro que los que abogan por los pandilleros son defensores de los derechos inhumanos.
Esta situación ha tenido un impacto positivo en la economía, porque solo en el pago de extorsiones a los terroristas era aproximadamente de $1,000 millones al año, sin tomar en cuenta los miles de dólares del pago de peaje cobrado a los habitantes del lugar, a los visitantes y a los distribuidores de productos y servicios, etcétera.
La seguridad actual del país ha causado un gran impacto en la dinamización de la economía, al darse un aumento del emprendimiento, surgimiento de empresas, atracción de inversiones extranjeras, turismo, etcétera.
