El Salvador se construyó como Estado para garantizar los privilegios de unos pocos en una sociedad desigual. Desde sus inicios como nación independiente, los sucesivos gobiernos se dedicaron a administrar este sistema corrupto, del cual terminaban aprovechándose para conservar los privilegios de un pequeño grupo.
Es así como el país fue repartido entre los poderosos, quienes, a su vez, entregaban el Gobierno a políticos que estaban a su servicio.
El ejercicio del poder era una forma de preservar un sistema dedicado a garantizar que un pequeño grupo pudiera tener los mejores recursos del Estado, garantizados por medio de leyes y contratos, e incluso buscar, de manera formal, la legalización del saqueo público.
Las tremendas desigualdades en la sociedad salvadoreña fueron las causas que generaron el malestar social en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado que desembocó en un conflicto armado. En el camino, aquellos que juraron pelear por la justicia y los derechos de los oprimidos terminaron adoptando las prácticas corruptas de los opresores y abandonaron sus ideales. Con ello escribieron su epitafio como vehículo de transformaciones sociales.
Por ello se vuelve importante que los delitos relacionados con la corrupción no tengan una fecha de caducidad.
Eliminar la prescripción de los actos de corrupción permitirá enderezar todas las malas decisiones que se tomaron en función de preservar los privilegios de una élite dedicada al saqueo del Estado.
El pueblo salvadoreño demandaba la eliminación de la corrupción desde hace décadas, pero ARENA y el FMLN llegaron al Gobierno para preservar ese sistema corrupto y aprovecharse de él.
Para resolver este problema fue necesario que la alianza de ARENA-FMLN perdiera el poder y el pueblo salvadoreño designara una nueva representación en la Asamblea Legislativa.
Hay una deuda gigantesca con el pueblo salvadoreño después de décadas de saqueo. Un pueblo puede construir su futuro si conoce cuál es su pasado y aprende a no cometer las mismas equivocaciones. Ahora tenemos la histórica oportunidad de enmendar estos errores estructurales al eliminar la prescripción de la corrupción y llevar ante la justicia a aquellos que quitaron recursos para el progreso nacional.
Los sobresueldos y otros negocios oscuros que se hicieron en los últimos 30 años drenaron recursos de la educación, de la salud y del desarrollo y fueron desviados a cuentas personales y patrimonios privados.
La sociedad salvadoreña debe recuperar esos recursos y ponerlos en función del desarrollo para sentar las bases de un renovado Estado
