Christian Guevara, jefe de bancada de Nuevas Ideas, aseguró ayer que el presupuesto general de la nación 2024 no conllevará recursos para organizaciones no gubernamentales (ONG) con vínculos político-partidarios, como hicieron las anteriores asambleas legislativas.
«No se otorgará ni un dólar a ONG con vínculos partidarios, incluyendo a NI [Nuevas Ideas]», aseguró Guevara, quien recordó que esta fue una práctica de anteriores legislaturas en detrimento de los recursos del Estado salvadoreño.
El plan anual de gastos debe presentarse al congreso a más tardar el 30 de este mes, para el próximo ejercicio fiscal, el cual pasa a estudio de la comisión de hacienda.
La nueva Asamblea Legislativa no transfiere desde el ejercicio fiscal 2022 fondos públicos a ONG con vinculación política partidaria, por lo que el próximo año sería el tercero consecutivo en no continuar con dicha práctica.
El congreso activó en mayo de 2021 una comisión especial para investigar el desvío de recursos públicos que anteriores legislaturas hicieron a diferentes ONG con vínculos político-partidarios, principalmente efemelenistas y areneros.
La comisión especial terminó su trabajo de investigación en marzo del presente año, y dentro de su informe final pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar las acciones y deducir posible cometimiento de ilícitos en los hechos.
«Se han verificado suficientes elementos probatorios para considerar la probable comisión de hechos punibles por parte de las ONG que recibieron fondos públicos aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que deberá ser evaluado por la Fiscalía General de la República», se destacó en el escrito.
La comisión estableció que «existen indicios suficientes de que líderes políticos del FMLN y ARENA crearon mecanismos ilegales para facilitar fondos públicos a ONG» con motivación política y partidaria. La FGR deberá de realizar «la correspondiente revisión jurídica, así como el ejercicio de la acción penal», para quienes resulten responsables de estas acciones, dice el informe.
En el desarrollo de la investigación, los diputados descubrieron que unos $279 millones fueron transferidos desde el presupuesto general del Estado a ONG dirigidas por políticos de ARENA y FMLN.
Un equipo de abogados concluyó, tras varios meses de investigación, que en la comisión de hacienda y el congreso anteriores se utilizaron procedimientos ilegales para otorgar recursos a ONG, incurriendo en el cometimiento de delitos como peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
