Cuando hablamos de inversiones inteligentes pocas áreas ofrecen un retorno tan evidente como la primera infancia. El Premio Nobel de Economía James Heckman demostró, a través de estudios, que cada dólar invertido en atenciones de calidad durante esta etapa crucial genera un retorno de hasta $17. Esa cifra evidencia un impacto económico tangible del desarrollo integral de los ciudadanos desde la primera infancia al propiciar individuos más competentes, saludables y productivos.
Cada niño que accede a una educación inicial de calidad, atención integral en salud, estimulación adecuada, espacios para el juego y el afecto necesario tiene mayores posibilidades de alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Invertir en esta etapa crítica del ciclo de vida constituye una estrategia costo-efectiva para impulsar una sociedad más equitativa y productiva en el largo plazo.
La experiencia y visión de la primera dama Gabriela de Bukele ha sido el motor que ha impulsado a El Salvador para que, por primera vez, se reconozca legalmente a la primera infancia como la etapa clave en la que se establecen las bases cognitivas, físicas, emocionales y sociales que determinarán el futuro de la persona.
La evidencia científica ha demostrado que aproximadamente el 90 % del desarrollo cerebral ocurre durante los primeros cinco años de vida. La prestigiosa revista médica «The Lancet» advierte que no invertir oportunamente en la primera infancia puede generar costos futuros entre ocho y 19 veces mayores que la inversión inicial requerida.
Lograrlo es un camino largo y complejo, pero cada acción nos acerca más al objetivo. Y hoy quiero reconocer la labor y el esfuerzo de empresarios e instituciones de la sociedad civil que se han sumado a esta visión de país.
Como lo diría la primera dama: «¡Empecemos bien… por el principio!», y ese principio es atender a los niños con calidad y calidez desde el momento de su nacimiento. Es así como surgen los centros de atención a la primera infancia (CAPI), que ofrecen un enfoque integral con cuidados cariñosos y sensibles, que incluyen la atención y el cuidado personal; la educación de calidad y la estimulación oportuna; el monitoreo del crecimiento y el desarrollo; y otras que, en conjunto, contribuyen al desarrollo integral de los niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años.
La ley Crecer Juntos establece que los patronos con 100 o más trabajadores deben garantizar el acceso a un CAPI para los hijos de su personal. Esto incluye al sector público, privado, municipalidades e instituciones autónomas.
La ley contempla cuatro modalidades diferentes para su implementación: 1. Instalación de un CAPI propio. 2. Instalación de un CAPI en conjunto con otros patronos. 3. Contratación de servicios independientes de un CAPI autorizado. 4. Pago directo al personal del costo promedio de un CAPI.
Las empresas de todo el mundo que han implementado programas similares no solo cumplen con su responsabilidad social empresarial, sino que también reportan beneficios como la reducción del ausentismo laboral, menor rotación de personal, aumento de la productividad y fortalecimiento de su reputación e imagen corporativa.
La corresponsabilidad es el pilar fundamental de este modelo. Gobierno, sociedad civil y familias compartimos la obligación de garantizar el desarrollo y bienestar de nuestra niñez. Se trata de un compromiso colectivo donde cada actor aporta desde su ámbito de acción.
En el Conapina encuentran un aliado estratégico comprometido a trabajar por un país que se está transformando desde sus cimientos, invirtiendo inteligentemente en su primera infancia.
Para obtener más información o solicitar asesoría técnica gratuita y personalizada, pueden contactarnos a los teléfonos 7603-5420, 7887-8730 y 2213-4726, o escribirnos al correo [email protected].
